Política en 90

La Alerta de Género y sus implicaciones

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de septiembre de 2018.- Una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, mejor conocida simplemente como Alerta de Género, no es cosa menor. Significa que han sido identificados territorios determinados o entidades del país que llegaron a un punto crítico de feminicidios y ataques en contra de las mujeres. Ante esta emergencia, se requiere la intervención urgente del Estado.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), únicamente existen 140 países con leyes para defender la violencia doméstica y 144 más para el acoso sexual. México es el único de éstos con un protocolo establecido en la ley. Aunque hasta el momento sin un impacto positivo cuantificable.

La ruta para emitir una Alerta de Género se encuentra en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en sus reglamentos. Así, se buscan acciones que garanticen seguridad o erradiquen la violencia individual o colectiva en contra de las mujeres.

El protocolo empieza por una solicitud presentada por organismos defensores de derechos humanos u organizaciones de la sociedad civil. Esto tras existir evidencias públicas de una emergencia de este tipo. Luego, una vez aceptada la petición, se conforma un grupo de trabajo transversal entre representantes de instancias públicas, de derechos humanos y académicas nacionales y estatales.

El grupo de trabajo debe arrancar con la investigación y elaboración de un informe técnico sobre las situaciones denunciadas. Éste debe contener las conclusiones y las propuestas de solución encaminadas a prevenir y acabar con el fenómeno que puso la alerta. Normalmente los focos rojos se encienden cuando se trata de feminicidios.

Finalmente, este protocolo concluye con un acto de autoridad de la Secretaría de Gobernación, la cual – a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) – hace llegar el informe a la entidad involucrada, con la declaratoria de Alerta de Género, que obliga a su gobierno a que en seis meses le dé cumplimiento. Esto, ante una serie de omisiones e inacciones generadas durante meses e incluso años en aquellos territorios concretos.

El objetivo es que el gobierno señalado dé resultados, ya que habrá una evaluación de la misma Secretaría de Gobernación a través de la Conavim. Los incumplimientos o la falta de avances generarán distintas consecuencias en contra de las autoridades estatales encargadas de la prevención y combate a la violencia de género, sin contar la gran losa política que se habrán echado encima.

 

Jorge Oropeza. Presidente del Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento A.C.