En diálogo con las audiencias 

Las audiencias y la defensa de sus derechos

¿Escuchas radio o ves televisión abierta o de paga? Entonces eres audiencia.

Las audiencias son todas las personas que perciben contenidos de audio o audiovisuales provistos a través del Servicio de Radiodifusión y del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, de acuerdo con el artículo 2 fracción IV de los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias.

Los derechos de las audiencias son reconocidos en la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) y en los Lineamientos, estos últimos regulan la defensa de las audiencias de radio y televisión abierta, radio y televisión de paga y aseguran el cumplimiento de los derechos de información, de expresión y de recepción de contenidos, conforme a los artículos  6º. y 7º de la Constitución.

Los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias están conformados por 7 capítulos (Disposiciones Generales, Derechos de las Audiencias, Defensoría de las Audiencias, Códigos de Ética, Alfabetización Mediática, Suspensión Precautoria de Transmisiones, Supervisión y Sanciones).

Los derechos de las audiencias fueron sistematizados por los lineamientos en cinco categorías:

  1. Derechos de las Audiencias del servicio de radiodifusión y del servicio de televisión y/o audio restringidos (art. 5)

  2. Derechos exclusivos de las audiencias del servicio de radiodifusión (art. 6)

  3. Derechos exclusivos de las audiencias del servicio de televisión y/o audio restringidos (art. 7)

  4. Derechos de las audiencias infantiles (art. 8).

  5. Derechos de las audiencias con discapacidad. (art. 9, 10, 11)

Establecen que los concesionarios y programadores deben de implementar mecanismos que informen al público cuando un programa transmite información noticiosa o sobre aquella que parezca noticia pero que en realidad es publicidad.

También les exhorta a crear mecanismos de protección de las audiencias infantiles y, concede a las audiencias la posibilidad de presentar una queja o sugerencia ante el medio cuando considere que sus derechos han sido vulnerados. Para ello, obliga a los medios electrónicos a crear la Defensoría de las Audiencias que servirá como vínculo entre el medio y su audiencia. Sin embargo, no ha podido entrar en vigor.

Controversias por los derechos de las audiencias

El pasado 21 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial los Lineamientos  emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que debieron entrar en vigor el 16 de febrero de 2017, aunque algunas de las obligaciones de los concesionarios y de los programadores entrarían en vigor el 30 y 31 de marzo. Sin embargo, el 30 de enero, el Senado y la Presidencia de la República presentaron, por separado, controversias constitucionales.

La controversia constitucional que el Senado de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuestionando las facultades del IFT para regular en materia de derechos de las audiencias se fundamenta en las fracciones I del artículo 13 y en la fracción VII de los artículos 15 y 47 de la Constitución Mexicana, así como del artículo 105 que le permite presentar controversias constitucionales.

La Cámara alta alega, también, que las facultades del IFT no están subordinadas a lo que establece la fracción I del artículo 89 de la Constitución, que concede al Ejecutivo federal la facultad de expedir reglamentos, como los referentes a los derechos de las audiencias y que es donde la Presidencia fincó su controversia ante la Suprema Corte.

El Senado considera que ya en los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución se otorga a la ley la facultad de regular sobre todo aquello relacionado con las audiencias, concepto que además se define en el artículo 256 de la LFTR y como el concepto y derechos de las audiencias ya están definidos, es atribución del Senado crear reglamentos en la materia, pues es el Congreso el poder con la autoridad legítima para legislar en el país.

En tanto, la Presidencia de la República considera que el IFT no tiene facultades para regular derechos humanos como son los derechos de las audiencias y centra su controversia en 8 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El sujeto de la controversia presentada por la Presidencia es el Congreso, quien fue que aprobó la LFTR en 2013, ya que otorgó al IFT la facultad de regular los derechos de la audiencias, pero la Constitución en su artículo 28 establece que corresponde al IFT emitir disposiciones generales, siempre y cuando, sean exclusivamente de la función del Instituto en el sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones. La Constitución no le otorga al IFT la atribución para regular los derechos de las audiencias, de acuerdo con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

El 1 de febrero de 2017, el pleno del IFT determinó diferir por seis meses la entrada en vigor de los lineamientos en tanto la SCJN resuelva lo conducente. El 27 de abril de 2017, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la LFTyR para establecer como derecho de las audiencias “que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.

Asimismo, para eliminar la obligación de que los códigos de ética de los concesionarios de radio y televisión se ajusten a los lineamientos del IFT, y para establecer que la designación de los defensores de las audiencias la harán los concesionarios sin opinión de dicho Instituto. Se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Ante la falta de resolución de la SCJN respecto de las controversias constitucionales interpuestas, el 8 de agosto, el IFT difirió, por segunda vez, la entrada en vigor de los lineamientos en virtud de que la SCJN no resolvió las controversias constitucionales. La nueva fecha establecida era el 16 de noviembre de 2017.

Sin embargo, de forma apresurada, el pasado 26 de octubre, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que suprimen derechos de las audiencias, reconocidos constitucionalmente en 2013 y reglamentados en 2104, limita las facultades de supervisión y sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones y debilita sustantivamente la figura de Defensoría de las Audiencias.

Las modificaciones a la ley implican la eliminación de derechos de las audiencias a que se le proporcionen elementos estandarizados para diferenciar publicidad de información y a que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta.

Además se pasa de un modelo corregulatorio a uno autorregulatorio. El primero implica un piso mínimo de obligaciones para el regulado y una autoridad garante y en el segundo los regulados crean el instrumento regulatorio (códigos de ética), definen su implementación, aplicación e incluso deciden sobre la rendición de cuentas.

La figura de la Defensoría de las Audiencias se debilita pues ya no se mandata a que se ajuste a criterios de imparcialidad e independencia. Los concesionarios elegirían libremente a su Defensoría de Audiencias, sin que sea posible establecer requisitos que eliminen conflicto de interés.

Las defensorías se regirán exclusivamente por lo dispuesto en los códigos de ética expedidos libremente por los concesionarios. Sobre los códigos de ética el IFT no podría ni siquiera emitir una opinión ni objetarlos. Los y las titulares de las defensorías ya no rendirían informes ante el IFT y éste ya no podría sancionar por incumplimiento a lo establecido en los lineamientos sobre Defensa de las Audiencias.

En defensa de las audiencias

Promovido por la sociedad civil, el 28 de noviembre, 47 senadores del PAN, PRD y PT- Morena, interpusieron un recurso para impugnar la aprobación de las referidas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Pero se arrepintieron. Seis senadores del PAN se desistieron de la acción de inconstitucionalidad presentada ante la Corte contra la reforma sobre derechos de las audiencias, el desistimiento se dio por medio de un escrito enviado a la SCJN por los senadores el 30 de noviembre pasado. La cantidad de firmas de senadores respaldando la acción de inconstitucionalidad era ya de 41, una menos de las 42 requeridas (el 33 por ciento del Senado) por lo que pudo quedar sin validez al ser insuficiente el número de legisladores que la respaldan.

La instancia ordenó recabar en forma personal la negativa de los legisladores. Dado que ninguno de los seis senadores del PAN que habían solicitado desistirse de la acción se presentaron ante la Suprema Corte, los ministros admitieron la acción de inconstitucionalidad el pasado 15 de diciembre.

No olvidemos que el punto medular de la acción es la reforma al artículo 256 de la Ley de Telecomunicaciones que ahora sólo estipula que “los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”. Bastará con que informen a las audiencias y se elimina la prohibición absoluta establecida en el artículo 6 de la Constitución.

La polémica por los derechos de las audiencias también persiste en el IFT. El 11 de diciembre, en votación dividida, tres contra cuatro, comisionados y comisionadas del IFT decidieron no interponer controversia constitucional contra esta reforma, a pesar de que restan facultades al instituto y se consagra la “autorregulación” de los concesionarios como principio esencial.

En tanto, la regulación en materia de derechos de audiencias y su aplicación efectiva, está pendiente.

  • Integrante de la Defensoría de las Audiencias de CORTV. Profesora de tiempo completo en la UTVCO.

@DefensoriaCORTV

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