· La magistrada Berenice Ramírez Jiménez aseguró privilegiar el respeto a la independencia judicial de jueces; sin embargo, en este caso particular fue clara en manifestar su desacuerdo en el fallo.
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec. 14 de agosto de 2024.- La titular del Poder Judicial del Estado, magistrada Berenice Ramírez Jiménez, ordenó a la Visitaduría General de la institución la apertura de una investigación para fincar responsabilidades administrativas y penales en contra del juez en materia penal del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, José Gabriel Ramírez Montaño, por posibles actos de corrupción en el desempeño de sus funciones y conductas ilícitas.
Ante el sorpresivo fallo que dictó dentro del proceso por la presunta comisión de tentativa de feminicidio en contra de Juan Antonio V.C., con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la víctima de iniciales M.E.R.O., la presidenta del Tribunal Superior de Justicia refrendó su respeto a la independencia judicial.
Sin embargo, puntualizó que en este, como en otros casos que involucren a mujeres que han sufrido distintas formas de violencia, no se puede permitir la impunidad ni actuaciones que pongan en duda el desempeño ético de los juzgadores.
Reiteró que en las diferentes etapas del proceso, el Poder Judicial del Estado actuó conforme a derecho y respeto al debido proceso, atendiendo la perspectiva de género, además de que fueron escuchadas cada una de las partes, por lo cual se realizará un escrutinio profundo sobre la conducta del juez.
“No estoy de acuerdo con el fallo, soy una mujer institucional que respeta la autonomía judicial; sin embargo, se investigará a fondo la conducta dudosa de los involucrados y se les castigará con todo el peso de la ley caiga quien caiga”, enfatizó la presidenta.
En el Poder Judicial del Estado, es prioritario aplicar todo el rigor de la ley a responsables de delitos que atentan contra la integridad y derechos de las mujeres. Bajo esta óptica se trabaja en instrumentos, políticas, y acciones que involucran a diversas áreas en pro de buenas prácticas, como un aspecto fundamental en la institución, en la ruta de consolidar una justicia sensible, incluyente y accesible, con responsabilidad social.
