Por Paola Flores
Este martes 22 de abril de 2025, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados discute posibles reformas a la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Sin embargo, colectivos indígenas de Michoacán, Puebla y Oaxaca denunciaron que una vez más se les ha excluido del proceso.
“Somos quienes durante más de 30 años hemos hecho comunicación desde nuestras comunidades, con nuestras lenguas, nuestras luchas y nuestras herramientas. Pero hoy, como tantas veces, no fuimos convocados”, acusaron en un pronunciamiento emitido el 19 de abril desde Oaxaca.
Los firmantes del documento señalaron que han sido actores centrales en la historia de la comunicación indígena en México: desde experiencias en prensa escrita y radio comunitaria, hasta el uso de telefonía celular autogestionada. A pesar de ello, advirtieron que el Estado mexicano ha mantenido una relación contradictoria con estos medios: por un lado, ha reconocido su existencia legal; por el otro, ha impuesto requisitos que dificultan su operación e incluso ha criminalizado su labor.
Legalización forzada y reconocimiento tardío
La historia de las radios indígenas en México está marcada por la exigencia constante. En el gobierno de Vicente Fox, colectivos indígenas lograron obtener permisos para usar frecuencias de radio con fines culturales, pero con la limitación de no comercializar su tiempo aire. “Incluso con permisos en mano, la criminalización no cesó”, denuncian.
En 2001, la reforma al artículo 2º constitucional reconoció el derecho de los pueblos indígenas a operar sus propios medios de comunicación. Pero ese derecho no se materializó sino hasta 2013, tras años de presión y litigio por parte de las comunidades. Las concesiones de uso social indígena fueron, según los colectivos, una conquista ganada “no por gracia del legislador, sino por la lucha organizada”.
Sin voz en el Congreso
A pesar de estas batallas ganadas, hoy las voces indígenas vuelven a quedar fuera del debate. En septiembre de 2024, el Congreso aprobó una nueva reforma al artículo 2º constitucional, enfocada en derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo, la Ley Indígena y Afromexicana sigue pendiente, y ahora el riesgo es que las reformas a la ley de telecomunicaciones se hagan sin consultar a los pueblos directamente afectados.
Los colectivos subrayan que muchos de ellos se vieron obligados a constituirse legalmente como concesionarios sociales, no por voluntad propia, sino porque era la única vía para acceder a los derechos establecidos en la ley. “Nos asimilamos a las condiciones del Estado porque no había de otra”, afirman.
¿Una reforma sin consulta?
La exclusión de los medios comunitarios e indígenas del foro de este 22 de abril contradice principios básicos del Convenio 169 de la OIT, que obliga a los Estados a consultar a los pueblos indígenas sobre cualquier medida legislativa que pueda afectarles.
“Revisar la ley sin nosotros es ignorar que somos parte fundamental del ecosistema mediático en este país. No somos usuarios; somos productores, defensores y custodios de otra manera de hacer comunicación”, concluyen los 21 proyectos firmantes.
Mientras el Congreso se prepara para discutir reformas clave, el reclamo resuena: “Nada sobre nosotros, sin nosotros”.
A última hora, como resultado de la presión en redes sociales, la radio comunitaria la Patrona 105.7 FM “La radio del pueblo” de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca logró acceder al primer Foro en el Senado.
