Redacción
Oaxaca, Oax., 21 de julio de 2026.- Luego de la evidencia pública de que vehículos asegurados que quedaban bajo el resguardo de la Fiscalía de Oaxaca eran entregados a autoridades municipales, la institución reconoció que en el año 2023 fueron concedidos 60 autos de los decomisados a autoridades municipales, bajo la figura de depositaría, y que actualmente se han reducido presuntamente a 22 unidades en proceso de conclusión.
La semana anterior, y luego de que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, admitiera un uso irregular de vehículos bajo resguardo de la Fiscalía, la institución en voz del fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla, anunció una presunta serie de medidas a implementar en el manejo de vehículos asegurados, entre ellas, afirmó, la cancelación de la figura de depositaría temporal a favor de autoridades municipales.
Según un diagnóstico interno, dijo, identificaron cuatro áreas de riesgo: la integración de carpetas de investigación, la elaboración de peritajes, el resguardo de vehículos y el uso de corralones y grúas. En cada una de ellas, la institución reconoció puntos donde podían presentarse condicionamientos indebidos —desde la apertura de carpetas hasta la contratación de despachos o servicios.
En el caso específico de vehículos, a través del contralor interno, Jorge Cruz Caballero, explicó que el aseguramiento de bienes es una figura prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con fines exclusivamente de resguardo de indicios o evidencias, y que la depositaría —regulada por los artículos 239 y 246 del propio Código— es temporal, requiere inventario previo y permanece siempre a disposición del Ministerio Público.
Y aseguró que cerca del 90% de los vehículos recuperados por robo en el estado son propiedad de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), y no de particulares.
Tras haber sido evidenciados de entregar vehículos decomisados a autoridades locales, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla aseguró que “a partir de ahora, todo vehículo recuperado deberá devolverse a su propietario legítimo en un máximo de 72 horas una vez acreditada la propiedad”.
Y que a partir de esta semana entraría “en operación un padrón público, consultable en línea, con el registro de todos los vehículos robados y recuperados en el estado, para que cualquier persona pueda verificar el estatus de una unidad sin necesidad de acudir a las oficinas de la institución”.
A esa medida se suma la creación de un área de verificación gratuita de vehículos en venta —ya disponible mediante cita a través del Centro de Atención en Línea— pensada para que, antes de concretar una compra, la ciudadanía pueda confirmar si una unidad cuenta con reporte de robo.
Asimismo, afirmó que la Contraloría Interna y la Visitaduría han sancionado en la actual administración a 102 servidores públicos por conductas contrarias al servicio público, y que mantiene abiertas carpetas de investigación contra personal de la propia Fiscalía.
