Por Paola Flores
Oaxaca, Oax., 25 de agosto de 2026.- Tras un encuentro en Magdalena Teitipac, 16 pueblos de los Valles Centrales de Oaxaca coincidieron en que el Corredor Vial Zapoteco (antes Libramiento Sur) es una amenaza para su territorio, pues pone en riesgo las fuentes de agua, los ecosistemas, las actividades agrícolas, la flora, la fauna y el tejido socio-cultural de sus comunidades.
Esta unión de 16 pueblos, en acompañamiento de organizaciones civiles de la región, emitió la Declaratoria Regional para la Defensa y Protección de los Territorios: las comunidades y colectivos alertaron que esta vía rápida representa una amenaza para sus vidas.
La Declaratoria surgió como resultado del foro regional Tejiendo organización y resistencia frente al despojo, donde manifestaron un rechazo absoluto a la imposición de megaproyectos como este, que ignoran la existencia de abundantes yacimientos de agua —fuentes de vida indispensables para la siembra—, así como de reservas ecológicas y lugares sagrados.
Esta muestra de unidad ocurre dos días después de que la comunidad de San Lorenzo Cacaotepec rechazara el proyecto y declarara agotado cualquier proceso de consulta ante autoridades federales, estatales y de Derechos Humanos.
Una lucha de 15 años
El rechazo al Corredor Vial Zapoteco en los Valles Centrales de Oaxaca no es un conflicto nuevo, sino la lucha de una resistencia que acumula tres intentos de imposición gubernamental en los últimos 15 años. Así lo expuso Felipa Cruz Zaragoza, representante de las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos de Oaxaca (OIDHO).
En una jornada frente a Palacio de Gobierno, la defensora presentó el historial de este proyecto, suspendido por primera vez hace 15 años debido a la movilización de las comunidades organizadas en defensa de la propiedad comunal y social.
«Debido a la resistencia que se manifestó en los Valles Centrales, en las comunidades que se organizaron en un foro en defensa del territorio y la propiedad social y comunal, se tuvo que suspender por primera vez», contó.
Años más tarde, durante la inmovilidad social provocada por la pandemia de COVID-19, la administración del expriista y actual morenista Alejandro Murat intentó reactivar la obra. En ese contexto se presentó por primera vez una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la cual desconocía por completo la presencia de la población indígena a lo largo de la ruta proyectada.
«Se dijo que no había un número de población importante a lo largo de ese corredor… desconocer el carácter indígena de la población, la verdad, es una aberración tratándose de Oaxaca».
A pesar de las restricciones sanitarias de la época, la tenaz oposición comunitaria logró frenar esta segunda tentativa.
Actualmente, bajo la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, enfrentan una tercera ofensiva que busca reactivar el proyecto bajo la nueva denominación de Corredor Vial Zapoteco, afectando directamente a 18 municipios de los Valles Centrales.
De acuerdo con Felipa, la autopista proyectada tendría su entronque en la localidad de Soledad Etla e iniciaría formalmente en el municipio de San Lorenzo Cacaotepec. Posteriormente, la ruta avanzaría afectando a poblaciones como San Andrés y San Pedro Ixtlahuaca, extendiéndose a lo largo de toda la región.
Opacidad y presiones gubernamentales
Una de las principales denuncias radica en la opacidad gubernamental. Los pueblos señalan que no disponen de información clara, previa ni verificable sobre el trazo definitivo o el impacto ambiental de estas obras, lo que les impide deliberar de forma real en sus asambleas. Ante esto, advierten que los procesos de consulta actuales carecen de validez y no pueden reducirse a reuniones informativas ni utilizarse para legitimar decisiones previamente tomadas.
«La consulta debe respetar los derechos de los pueblos indígenas y las decisiones de sus asambleas, así como los principios de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada establecidos en los marcos jurídicos nacionales e internacionales», sostuvieron.
Asimismo, a través de un pronunciamiento, condenaron de manera enérgica el uso de recursos públicos, prácticas clientelares y grupos de choque orientados a dividir a las poblaciones. Para las comunidades de los Valles Centrales, la tierra no representa únicamente un activo económico, sino el espacio donde residen su historia, sistemas de cultivo, semillas tradicionales y sitios sagrados indispensables para su vida comunitaria.
«Cada comunidad cuenta con un catálogo muy completo de los daños que esta vía rápida causaría en su entorno», enfatizó Cruz Zaragoza. Asimismo, advirtió sobre la fuerte presión política que se anticipa por parte de los gobiernos federal y estatal.
Señaló las declaraciones del gobernador sobre el caso de los Coatlanes y advirtió una amenaza velada en sus palabras:
«Ya lo dijo el gobernador… a los que se oponían a la carretera en los Coatlanes les insistieron mucho; tuvo que venir el presidente Andrés Manuel a ejercer presión con ellos y esto pues ya en muchas ocasiones suena a amenaza…»
Unidos contra el Corredor Vial Zapoteco
Frente a estas amenazas, los participantes acordaron una serie de resoluciones contundentes, entre las que destacan:
- Exigir de manera inmediata a los gobiernos estatal y federal la entrega de información pública, completa y oportuna sobre las obras proyectadas en sus territorios.
- Fortalecer la toma de decisiones al interior de cada comunidad a través de sus asambleas comunitarias autónomas.
- Consolidar una articulación regional para coordinar la comunicación, la solidaridad y el acompañamiento mutuo ante cualquier intento de despojo o imposición.
La Declaratoria fue respaldada por 16 comunidades de la región, entre ellas: San Mateo Macuilxóchitl, San Baltazar Chichicapam, Santa Ana Zegache, Santiago Matatlán, San Dionisio Ocotepec, Santa Ana del Valle, San Pablo Güilá, San Juan Guelavía, Santa Cruz Papalutla, San Antonino Castillo Velasco, Santa Catarina Minas, Teotitlán del Valle, Villa Hidalgo Yalalag, San Lorenzo Cacaotepec, Zimatlán de Álvarez y Progreso San Lázaro.
Al pacto se sumaron también diversas colectividades civiles, entre las que figuran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, la Unidad Anticapitalista de Pueblos Organizados de Oaxaca (UNAPO) y Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA).
