Oaxaca de Juárez, Oax., 15 de septiembre de 2026.- Con motivo de las fiestas patrias, el gobernador Salomón Jara Cruz entregó 341 boletas de liberación a personas privadas de su libertad en Oaxaca, de las cuales 296 corresponden a hombres y 45 a mujeres.
Con esta jornada, del 1 de diciembre de 2022 al 15 de septiembre de 2026, el gobierno actual ha entregado 4 mil 282 boletas de liberación.
“La entrega de estas boletas de liberación forma parte de una política pública que coloca a las personas, sus derechos y su dignidad en el centro de las decisiones. La transformación de Oaxaca también implica construir condiciones de justicia, paz y bienestar, así como brindar nuevas oportunidades a quienes, después de cumplir con los requisitos establecidos por la ley, recuperan su libertad y tienen la posibilidad de reconstruir su proyecto de vida”, afirmó el titular de la Gubernatura.
Durante el acto, el beneficiario B.R.V. expresó su agradecimiento a las autoridades que hicieron posible recuperar su libertad y destacó la importancia de contar con una segunda oportunidad para reconstruir su proyecto de vida.
“Hoy recupero mi libertad y, con ello, un nuevo capítulo de mi vida. Sabré aprovechar esta segunda oportunidad para trabajar honradamente. Mi agradecimiento a las autoridades por su apoyo y humanidad, porque gracias a ello recuperamos la fe en la justicia”, expresó.
El director General de la Defensoría Pública del Estado, Marcelo Merino García, señaló que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre las instituciones que participan en los procesos de acceso a la justicia y reinserción social, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como las demás instancias involucradas.
En su intervención, la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, (TSJE) Erika María Rodríguez Rodríguez, destacó que la entrega de las boletas de liberación representa para los beneficiarios la posibilidad de cerrar una etapa y comenzar otra, bajo el principio de que detrás de cada expediente existe una persona cuyos derechos deben ser respetados.
