Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de julio de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en la agenda pública un tema de alta relevancia. Habló, en su conferencia matutina diaria, sobre la participación social en la educación.
Fue claro y dijo que todos los recursos que, en la presente administración federal, se destinen para construcción, reparación, mejoramiento y conservación de escuelas en el país se entregarán directamente a las sociedades de padres y madres de familia; esto, con la intervención complementaria de directores, directoras, docentes y alumnado.
El reto es mayúsculo porque pone al eje de la participación ciudadana como el prioritario para el combate a la corrupción en el uso y comprobación de los millonarios fondos educativos que existen en México. Y es que, de acuerdo con lo que plantea el Ejecutivo Federal, solamente así se evitarán los enormes desvíos de recursos en este rubro.
Sin embargo, para llegar al espíritu de esta declaración se tienen que ajustar las leyes reglamentarias en materia educativa para darle una nueva forma y facultades a los Consejos Escolares de Participación Social, actualizar el marco normativo de las asociaciones de padres y madres de familia o, en su caso, crear una nueva figura que supla exitosamente los dos esquemas anteriores y que evite que las decisiones sobre el ejercicio de los recursos sean secuestradas por pocas personas.
Asimismo, tendrá que generarse una importante reflexión en la Secretaría de la Función Pública y, en general, al seno de las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción para adecuar las reglas en materia de fiscalización y participación ciudadana que lleven a que, más allá de informar en las asambleas generales de las escuelas mediante actas y firmas como lo menciona el presidente, puedan existir mecanismos formales, sencillos y eficientes para una comprobación simple de estos recursos públicos.
Desde los primeros meses de su llegada a la Secretaría de la Función Pública, su titular Irma Eréndira Sandoval, declaró su intención por conformar Comités Ciudadanos de Honestidad Pública como mecanismos efectivos de fiscalización social del gasto gubernamental.
Hoy, a ese reto, se le agrega la integración de estas nuevas sociedades escolares que posean las facultades para coordinarse con las autoridades que supervisan el uso del dinero público de todas y todos los mexicanos. De ser así, tendremos en nuestro país un modelo ejemplar para el mundo entero.
*Jorge Oropeza. Presidente del Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento A.C.
