San Raymundo Jalpan, Oax. 22 de agosto de 2019.- A través de una iniciativa presentada ante el Pleno del Congreso de Oaxaca, se busca eliminar las pensiones otorgadas a los magistrados jubilados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
La propuesta que reforma y deroga diversos artículos del título segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, pretende quitar las pensiones vitalicias que equivalen a las percepciones al 100 por ciento que tiene un magistrado en activo, incluidos los bonos de productividad y buen rendimiento laboral.
Presentada por el legislador Mauro Cruz Sánchez, se funda en un análisis minucioso a los principios generales de la Constitución General del República y la Constitución local, que rigen el ejercicio del gasto público en esta entidad federativa y sus municipios, mismos, que coinciden con los ideales y las políticas públicas de austeridad republicana, racionalidad y transparencia en el ejercicio del gasto público.
También, en la iniciativa se analiza que los magistrados al igual que todos los servidores públicos de los Poderes del Estado, durante su servicio cotizan al Fondo de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que al concluir su vida laboral, le soliciten a este fondo el pago de su pensión por jubilación o por otra razón prevista en la ley.
Los artículos que se proponen derogar, contienen disposiciones optativas para que los magistrados jubilados elijan libremente, si quieren la pensión que les otorga el Fondo de Pensiones o la que les da el Poder Judicial y que también pueden heredar a sus beneficiarios.
Consideró que las pensiones vitalicias aumentan la deuda pública del estado, desequilibran las finanzas públicas y disminuyen la capacidad de la hacienda pública para cumplir con los programas de infraestructura de desarrollo y disminuyen o nulifican los programas de inclusión y de justicia social en el estado de Oaxaca, entre otros daños.
La iniciativa también busca que se tengan las mismas prestaciones de los regímenes ordinarios de seguridad y prevención social que les corresponda, sin establecer privilegios para la alta burocracia.
