San Raymundo Jalpan, Oax., 06 de febrero de 2020.- La 64 Legislatura del Congreso local, a través del Órgano Interno de Control, exhortó a autoridades municipales -que inician y concluyen sus periodos administrativos-, así como a sujetos obligados como servidores públicos en la diputación local, para que a la brevedad presenten su declaración patrimonial y de intereses.
Lo anterior, con el fin de cumplir con lo que señala el último párrafo del artículo 108 Constitucional, así como a lo indicado en la fracción XXX, del artículo 3º, y artículos 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De esta manera, están obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, ante las secretarías o su respectivo Órgano Interno de Control u homólogo, los servidores públicos. Es decir, todas aquellas personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado.
Itzel Espinosa Rojas, titular del Órgano de Control Interno del Congreso local, informó que hasta esta fecha, menos del 10 por ciento de los 417 municipios que se rigen bajo el régimen de Sistemas Normativos Internos han acudido al Congreso local a cumplir con su declaración patrimonial y de intereses.
Detalló que, en su mayoría, quienes se han presentado a rendir su declaración patrimonial y de intereses, son autoridades municipales salientes. En este tenor advirtió que son 60 días naturales con los que cuentan los servidores públicos para hacer su declaración patrimonial y de intereses, por lo que la fecha límite es el 28 de febrero.
Explicó que la información recabada será ingresada a la Plataforma Digital Nacional y Estatal que entrará en vigor el año próximo. Espinosa Rojas, fue enfática al decir que las autoridades o servidores públicos que no cumplan con este mandato, también establecido dentro de la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca, serán acreedores a las sanciones establecidas, de acuerdo a lo que marca la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Reiteró la disposición de los integrantes del área que representa, para asesorar a las autoridades a elaborar los formatos de la declaración de inicio, la declaración de modificación y la declaración de conclusión, dependiendo de la situación en el que se encuentre laborando el funcionario público.