Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de febrero de 2020.- En Oaxaca han sido documentadas 248 carpetas de investigación por el delito de tortura ocurrido en cinco años, pero de los cuales en ningún caso se ha determinado una sentencia por parte de la autoridad judicial.
De acuerdo con el Observatorio contra la tortura, en Oaxaca durante los años de 2014 a 2018, la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió durante ese período 248 carpetas de investigación por el delito de tortura, pero a la fecha, ninguna sentencia se ha dictado por estos casos.
Conforme a la base de datos del Observatorio, en el estado durante el 2014 se abrieron dos expedientes, en 2015 fueron 18, en 2016 se contabilizaron 45, en 2017 fueron 98 y en 2018 se registraron 85, siendo los últimos dos años con mayor número de casos reportados.
Del total de casos, únicamente 15 víctimas fueron registradas durante el 2017 y 2018 por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, sin que se precise información de las víctimas por los casos ocurridos anteriormente a la fecha.
Los datos reflejan la impunidad que persiste para la resolución de los casos documentados en Oaxaca por este delito registrado en el país desde instalaciones militares hasta centros de reclusión.
“El combate a la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TPCID) debería ser prioritario en todo el mundo. En México, la necesidad de avanzar en la erradicación de la tortura es especialmente urgente a la luz del tamaño y gravedad de la problemática en los últimos años”, señala el Observatorio.
Asimismo, añade, “hasta ahora, la tortura en todos estos contextos permanece en la impunidad casi absoluta. En el Tercer Examen Periódico Universal (EPU) de México en noviembre de 2018, el Estado mexicano informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que, de 2013 a 2018, se habían emitido 36 sentencias federales por tortura; esta cifra representa apenas 16 causas penales, incluyendo varias con sentencia absolutoria, y la casi totalidad de las sentencias condenatorias fueron revocadas en apelación”.
A nivel estatal, en 2016, las fiscalías y procuradurías reportaron 3,214 denuncias de tortura abarcando a 3,569 víctimas, pero solamente ocho causas penales judicializadas. El número de expedientes de queja por tortura en las comisiones estatales de derechos humanos de ese año fue de 8,845.
