Julio Eduardo Manzano Bizuet*
Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de abril de 2023.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es un órgano constitucional autónomo (OCA), que en términos del artículo 6º, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es el: “(…) responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales (…)”
La población que habita en México puede ejercer el derecho a la información, el cual se integra por tres facultades:
Facultad de allegarse de información. Se refiera a la libertad que se posee para solicitar información pública o de carácter privado.
Facultad de recibir información. Es el derecho que tiene toda persona a ser informada.
Facultad de difundir. Consiste a la libertad que poseen las personas para expresar ideas, sentimientos, a través de cualquier medio; en otras palabras es la libertad de expresión.
De las tres facultades que se mencionan en las líneas anteriores es la facultad de allegarse de información el que protege el INAI.
El derecho a la información no se fijó en el texto original de la Constitución de 1917, se incluyó en la llamada “reforma política” de 1977. Desde aquel año quedó establecida en la parte final del párrafo primero del artículo 6 de la CPEUM: “(…) El derecho a la información será garantizado por el Estado.”
Desde la década de los setenta, el derecho a la información formó parte de la retórica constitucional; es decir, sin un órgano garante o ley que permitiera ejercer este derecho humano. Fue a principios del siglo XXI, mediante reformas constitucionales y proceso legislativos que se creó el IFAI y la ley que reguló el ejercicio del derecho a la información.
Años después el IFAI se convirtió en el INAI y la norma vigente que regula el derecho de acceso a la información es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otras leyes.
Durante el siglo XX, en México, se consolidó el Presidencialismo fuerte; es decir, la forma de gobierno, donde el primer mandatario fue la máxima autoridad en diversas áreas públicas; por ejemplo: resolvía controversias agrarias; entregaba concesiones de radio y televisión; organizaba y calificaba las elecciones presidenciales; por mencionar algunas.
Si bien es cierto, existe un principio de equilibrio de poderes, durante décadas del siglo pasado, el titular del Poder Ejecutivo, buscó imponerse sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
El INE, INAI, INEGI, Banco de México, COFECE, IFT, CNDH, FGR son órganos constitucionales autónomos, que obedecen a un diseño de ingeniería constitucional, para contrarrestar “poder” al Presidente de la República; además que intentan “calibrar” el equilibrio, sobre todo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentra directamente relacionado con la transparencia y rendición de cuentas. Investigaciones periodísticas que tuvieron como resultado la publicación de reportajes: “La casa blanca”, “la estafa maestra”, la “casa gris”; entre otras indagaciones informativas, se encuentran relacionadas con el ejercicio del acceso a la información pública.
Desafortunadamente, se ha expresado que el INAI “no sirve”; empero, que no se utilice no quiere decir que no sirva. La participación ciudadana es una variable fundamental que fortalece las facultades de las instituciones públicas y privadas; es decir, entre más solicitudes de información realice la ciudadanía, tendrá más enfoques para tomar decisiones que impacten en el ámbito público, porque la autoridad se encuentra bajo la supervisión de la sociedad.
¿Imagínense que una Secretaría de Estado o cualquier otro órgano supeditado al gobierno en turno sea la encargada de entregar información pública? ¿Les creeremos?
Al final, usted, tiene la mejor opinión…
*Julio Eduardo Manzano Bizuet. Abogado, académico en el nivel superior. Exdefensor de las Audiencias de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv).
