Oaxaca de Juárez, Oax. 1 de agosto de 2023.- Familiares del secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, Juan E. G. C., denunciaron irregularidades en la detención del funcionario, entre ellas el que se le acuse de un delito que no existe en la ley.
Frente al Palacio de Gobierno, Soledad García Coronado, hermana del funcionario arrestado, informó que el secretario mencionado es acusado del delito en contra de la administración de justicia como servidores públicos, pero éste ya no está estipulado en el Código Penal de Oaxaca.
“Inventan delitos que no existen en el Código Penal del Estado de Oaxaca. Se le acusa del delito en contra de la administración de justicia como servidores públicos y que en la fundamentación jurídica en la orden de aprehensión, el Juez refiere un delito que no existe en el Código Penal del Estado de Oaxaca en vigor, no existe tipificado”, indicó.
“Este artículo fue derogado en el 2017, el Juez de Control con fecha 28 de julio de 2023 decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada sin fundamento, y con la sola referencia de que el inculpado tiene un vehículo con placas de la Ciudad de México”, explicó.
Soledad García señaló además que este delito del que se le señala a su hermano derivó luego de que el funcionario no remitiera un acuerdo en el término de tres días a una sala de la sala del Tribunal de Justicia Administrativa.
El 28 de julio de 2023 fue detenido el funcionario por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en la salida de su domicilio en el municipio de Atzompa; y puesto a disposición del Juez de Control del Circuito Judicial, con sede en Tanivet.
Su caso está dentro de la causa penal 807/2023, y para este miércoles 2 de agosto está programada la audiencia respectiva, por lo cual los familiares piden que no se vincule a proceso al secretario por no existir el delito por el que se le acusa.
La detención de este servidor público ocurrió en medio de la disputa que existe en Oaxaca por la justicia administrativa, luego de que el Congreso local reformara la Constitución local para desaparecer el Tribunal de Justicia Administrativa, y en su lugar creara otro órgano llamado Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado, con nuevos magistrados.
El caso fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que admitió la controversia constitucional y mientras analiza si la reforma es con apego a la ley, suspendió el decreto, por lo cual actualmente existen dos tribunales en funciones, así como los magistrados de ambos.
