Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 15 de agosto de 2023.- La inseguridad crece en Oaxaca, pese a las reticencias, pese a los discursos oficiales.
Pero si bien es cierto que se responsabiliza a las autoridades estatales de no actuar adecuadamente ante este flagelo, las autoridades municipales poco o nada han hecho para frenar los delitos.
La semana que terminó fue de enésima crisis: tan sólo en dos días, lunes y martes, se registraron al menos 15 homicidios, de acuerdo con cifras oficiales. El pasado viernes y sábado no hubo ningún crimen pero este domingo repuntó, con cuatro asesinatos.
Es cierto, han fallado las estrategias en materia de seguridad por parte del Estado y aunado a ello, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana enfrentó la primera rebelión policial, que se intentó minimizar.
Pero, ¿y las autoridades municipales? Coincidencia o no, la mayoría de los ayuntamientos con más casos de violencia son gobernados por el Partido Morena y poco o nada han hecho para atender la problemática.
La excusa común y cotidiana: no hay suficientes recursos presupuestales para contar con un mayor número de elementos y mejor equipos y unidades de motor. Cantaleta de siempre, pues de cualquier manera los ediles nunca han hecho nada.
EDILES INDOLENTES
Un claro ejemplo de ello lo es Oaxaca de Juárez, gobernado en segundo trienio por Morena, ahora con Francisco Martínez Neri a la cabeza, ex diputado federal y ex rector de la UABJO.
Lleva un año ocho meses en una grave crisis de seguridad —además de múltiples problemas como la basura— y hasta ahora, timorato, se ha negado a cambiar de fondo los mandos en la Secretaría de Seguridad municipal.
Le impusieron desde el principio un mando militar, Raúl Ávila Ibarra, que podría saber mucho de estrategias, pero ninguna de ellas le ha funcionado o simplemente no las ha aplicado.
En lugar de ello, ha optado por, literalmente, pasear por calles y jardines con la regidora de Seguridad del ayuntamiento.
Y la violencia continúa feroz, pues en menos de una semana, dos personas fueron asesinadas a balazos, una en la agencia de Montoya y otra en la agencia de Santa Rosa Panzacola.
Por si fuera poco, a través de las redes sociales continuamente se difunden videos de asaltos y agresiones en las vialidades, que remarcan la nulidad de la autoridad.
“Son crímenes de alto impacto y no tenemos suficientes policías”, fue la justificación que dio Martínez Neri que ahora, ufano, quiere reelegirse.
Pocos le han apostado a la seguridad y es el caso de Santa Lucía del Camino, con el morenista Juan Carlos García Márquez, donde el índice delictivo ha bajado considerablemente.
De la misma manera en Santa Cruz Xoxocotlán, con Inocente Castellanos, impulsado por los partidos PRI, PAN y PRD, y donde la semana pasada se registraron dos crímenes; 11 en este año, según el edil.
Ocotlán de Morelos lo gobierna otro morenista, Luis Martínez, pero en absoluto se ha preocupado por la grave situación, no solamente con los asesinatos, sino con el robo de vehículos y las extorsiones.
Si nos vamos a la región Cuenca, está Acatlán de Pérez Figueroa, con otro morenista, Jesús Ortega Marín, que tampoco ha hecho algo por frenar los delitos; menores casos han tenido Tuxtepec y Loma Bonita.
ISTMO, DOLOR DE CABEZA
Donde el crimen organizado se ha arraigado desde hace algunos años es en la región del Istmo de Tehuantepec, ante la pasividad de los presidentes municipales, en su mayoría surgidos de Morena.
Qué decir de Salina Cruz, donde gobierna Daniel Méndez Sosa, pero cuya ola criminal ha crecido desmesuradamente en lo que va de su gestión de un año ocho meses. El edil, ha optado por posar únicamente para las cámaras para simular que realiza obras públicas, pero jamás ha enfrentado a la delincuencia.
O Santo Domingo Tehuantepec, con Vilma Martínez en segundo trienio y que en casi cinco años ha preferido las actividades políticas y no la seguridad municipal.
Lo mismo pasa con Juchitán de Zaragoza, con el presidente actual Miguel Sánchez Altamirano, quien heredó el cargo de Emilio Montero Pérez, ahora director del IEEPO a quien, por cierto, Alejandro Murat dijo en la campaña política pasada que tenía el crimen organizado en el ayuntamiento.
Es el municipio con el mayor número de delitos en la región, con robos cotidianos a personas y a comercios, pero para las autoridades no pasa nada.
Matías Romero no se queda atrás, con la señora Obdulia García, que tiene a su parentela en la nómina pero no puede garantizar la seguridad y los delincuentes matan hasta en las oficinas municipales.
También Humberto Parrazales en San Pedro Tapanatepec que ha sido víctima también presuntamente del crimen organizado.
La lista es larga en la región del Istmo y ahí están Chauites, Santa María Mixtequilla, Ciudad Ixtepec, Santa María y Santo Domingo Petapa, El Barrio de La Soledad, San Juan Guichicovi, por mencionar algunos.
De la Sierra de Juárez, ya colindante con la Cuenca, hay pocos, aunque el crimen se extiende, pero ahí está San Juan Cotzocón, que desde hace muchos años es tierra de nadie.
Hay excepciones morenistas y es Santiago Pinotepa Nacional, que desde hace varios años es gobernado por el PRD y ahora Antonio Marbel Jiménez, quien sólo se excusa que el crimen proviene del estado de Guerrero.
Ningún pretexto tiene el panista Luis de León Martínez, en Huajuapan de León, que también tiene una grave estela criminal. En realidad, en varios municipios de la región Mixteca la violencia ha cobrado relevancia.
¿QUÉ PLANES?
Ni a corto ni a mediano ni a largo plazo hay planes de parte de las autoridades municipales para enfrentar la inseguridad.
Su endeble argumento que no hay policías suficientes, como tampoco capacitados adecuadamente, ha sido la constante para no actuar.
Pero eso sí, nadie dice que muchos ediles o funcionarios municipales están ligados con grupos delictivos, lo que dificulta aún más el combate.
Ha fallado también el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, primero con José Manuel Vera Salinas y ahora con Karina Barón, primeros responsables en la capacitación y equipamiento de los ayuntamientos.
Sí es preocupante la ola delictiva que crece en el estado, aún cuando las cifras oficiales digan lo contrario.
Preocupante también que hasta el momento, pese a las frecuentes mesas de seguridad que encabeza el propio gobernador Salomón Jara Cruz para revisar los delitos y encauzar estrategias, no estén funcionando las estrategias.
Más preocupante que la mayoría de los municipios istmeños estén controlados por el crimen organizado y es la zona en que operará uno de los proyectos insignias del Presidente López Obrador: el Corredor Interoceánico.
La medida que adoptó el gobierno federal es dejar el mando de la seguridad a la Secretaría de Marina. Pero, ¿conocen la realidad oaxaqueña? Los marinos y la Guardia Nacional han demostrado su incapacidad en este sexenio.
Las autoridades municipales no están respondiendo en la prioridad de brindar seguridad a sus gobernados. Pero, ¿no hay forma legal para obligarlos a cumplir con sus responsabilidades?
