Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de abril de 2024.- La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez González, emitió un comunicado a la ciudadanía ante la persecución política en su contra y en el cual denunció los actos violatorios hacia su defensa por parte del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado; y de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción.
En el documento denuncio públicamente al encargado de despacho de la Contraloría General del IEEPCO, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, “quien ha iniciado una persecución administrativa y política en mi contra desde 2023”.
Acusó también irregularidades en el actuar por parte del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado; y de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción.
“Denuncio también la utilización a modo del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca por obstruir el ejercicio de mis derechos político electorales. Salvador Cruz Rodríguez ha intentado en cuatro ocasiones removerme del cargo de Presidenta del Consejo General del IEEPCO”, señaló.
“Finalmente, Cruz Rodríguez me inició una carpeta de investigación por uso ilícito de atribuciones y facultades. En ese proceso penal se han presentado situaciones atípicas, en las que el Juez de Control de Tanivet ha programado audiencias con una prontitud inusitada y en el que incluso me libraron una orden de comparecencia con tratos bruscamente diferenciados. Con las agentes del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, pretende formularme imputación sin que previamente mi defensa y yo hayamos tenido acceso a la carpeta de investigación, lo cual es un derecho fundamental que no se está respetando”, detalló.
“Lo más peligroso de todo esto, es que la unidad de medidas cautelares determinó que yo represento un riesgo alto para la sociedad, los testigos y la víctima (que curiosamente es el Contralor). Por ello, el que se me imponga una medida cautelar consistente en la prisión preventiva y me priven de mi liberad es inminente. Por eso también hago un llamado urgente a organizaciones de la sociedad civil y a los organismos internacionales de Derechos Humanos: lo que me está ocurriendo es una violación grave al sistema que debería protegernos de los abusos del estado”, añadió.
Elizabeth Sánchez González obtuvo un amparo por parte de un juez federal mediante el cual se le otorgó que podía reincorporarse a sus actividades como presidenta del IEEPCO el 24 de abril, luego de que fuese inhabilitada por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado.
Sin embargo, horas después, el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado emitió una segunda inhabilitación a la funcionaria electoral, ahora por tres años, presuntamente por desvío de recursos, y este viernes se da a conocer que existe una denuncia contra Sánchez González ante la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, donde se desarrolla la audiencia de imputación.
“Desde ayer he acudido a la audiencia de imputación, la Fiscalía se ha negado a dotarme de las condiciones que constitucionalmente son mi derecho tener, acusando una imposibilidad material para entregarme de manera física la carpeta de investigación que tiene más de 5 mil hojas. Apenas hoy (26 de abril), a las 05:30 de la madrugada, me fue entregada la carpeta de investigación de manera digital; y esperan que yo sí tenga la capacidad material de imprimirlas y analizarlas en breve tiempo antes de la reanudación de la audiencia que se lleva a cabo hoy desde las 09:00 de la mañana. Además, en esa reanudación se ha evidenciado que nos están ocultando un expediente de casi 800 hojas y, hasta ahora, no nos ha sido entregada”, señaló Sánchez González.
“Como indígena zapoteca y primera mujer designada por el INE para presidir el IEEPCO, no permitiré que el abuso de poder e intereses personales tanto de Salvador Cruz Rodríguez como del Tribunal de Justicia, impidan que ejerza el cargo”, expresó.
Ante esta situación, la consejera presidenta informó que solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que sea resguardada su integridad, vida, trabajo, libertad personal, así como la de su familia y personas que colaboran con ella, “dado que se está haciendo uso de diversas instituciones públicas para impedir a toda costa que ejerza el cargo”.
“Por lo anterior, hago responsables a las autoridades administrativas y judiciales de mi integridad física, psicológica y emocional, y la de mi equipo de trabajo y de mi familia, debido a la persecución administrativa y judicial de la que estoy siendo objeto”, finalizó.
Aquí el comunicado:
