- El Poder Judicial del Estado, que preside la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, destacó este importante avance de la justicia penal en Oaxaca que se refleja en ranking nacional.
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec. 8 de julio de 2024.- El Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024 del World Justice Project (WJP) (Proyecto de Justicia Mundial), organización internacional independiente cuyo objetivo es medir el grado de adherencia que tienen 142 países al Estado de derecho, destacó los resultados de Oaxaca en materia de calidad y eficacia de la justicia penal.
De acuerdo con el ranking nacional, dado a conocer en fecha reciente, la entidad se ubicó en el lugar número 9, con un puntaje de 0.40 por arriba del promedio de las entidades del país, resultado del profesionalismo, imparcialidad y ética de juzgadores oaxaqueños que laboran en el Poder Judicial del Estado, que preside la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, quienes incluso realizan actividades de capacitación en otras entidades.
El reporte destaca que un sistema de justicia penal efectivo es un aspecto esencial del Estado de Derecho, pues constituye el mecanismo formal para reparar agravios y debe respetar los derechos de las víctimas y personas acusadas.
Cada año la organización internacional World Justice Project México (WJP) realiza una evaluación que mide la prevalencia del Estado de Derecho de todas las entidades federativas, basado en las experiencias de los ciudadanos en su vida cotidiana.
Para determinar el puntaje y ranking se consideran ocho factores, que son: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
La titular del Poder Judicial del Estado, magistrada Berenice Ramírez Jiménez, puntualizó que en Oaxaca se asume con responsabilidad la tarea de impulsar una justicia acorde a la realidad, demandas y necesidades actuales de la sociedad, por lo cual se promueve la formación continua no solo para fortalecer la confianza pública en el sistema judicial, sino también garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y sentar las bases de un sistema de justicia innovador, sensible, incluyente y accesible, con responsabilidad social.
