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Opinión. La farsa de la elección en el Poder Judicial federal

Ismael García M./Zona Roja.

Oaxaca, Oax., 10 de febrero de 2025.- La reforma al Poder Judicial de la Federación nació con anomalías y terminará igual.

Surgió a partir de un berrinche del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador; se aprobó con múltiples errores y se concluirá con un proceso electoral irregular, por encargo a la mandataria Claudia Sheinbaum.

La semana pasada, el Congreso de la Unión avaló la lista de personas que participarán en el proceso de elección, que incluyó una tómbola y, por supuesto, la mayoría de favorecidos serán del partido Morena.

Este sábado 8 de febrero el Instituto Nacional Electoral (INE) dio el banderazo de arranque al proceso electoral para este caso, pero sin los recursos financieros correspondientes y con pocas posibilidades de operar de manera óptima.

Anómala también la actitud de menosprecio de la propia mandataria federal hacia la aún presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, al no convocarla a una ceremonia oficial, el 5 de febrero, y convertir dicha festividad de la Constitución en una reunión de morenistas.

¿Requiere México una reforma al Poder Judicial y reemplazo de ministros (as)? Por supuesto, tanto a nivel federal como estatal. Pero no sujeto a caprichos y veleidades, principalmente de tinte partidista. ¿Hay corrupción de jueces y magistrados? Claro que sí… pero no vemos a ninguno en la cárcel, pese a la verborrea.

LOS CAPRICHOS

Como ya lo hemos mencionado, la irritación del entonces titular del Poder Ejecutivo, López Obrador, surgió a partir de rechazos del Poder Judicial a varias de sus iniciativas aprobadas en el Congreso de la Unión, entre ellas la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

A partir de ello inició una aversión no al poder, sino a una figura: Norma Piña, por no ceñirse a los designios presidenciales, que derivó en el capricho de reformar el Poder Judicial para quitar a su presidenta, más que para mejorar el funcionamiento del órgano.

Las acusaciones desde el púlpito presidencial fueron reiterativas: “Injerencia en asuntos electorales, trampas en el proceso de selección de jueces, nepotismo, nula disciplina en la actuación de impartidores de justicia y remuneraciones violatorias a la Constitución son las principales fallas que el Poder Ejecutivo busca resarcir a partir de la reforma al Poder Judicial, argumentó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján”, se dio a conocer en un comunicado oficial, el 10 de septiembre de 2024. 

La reforma fue avalada en los primeros días de septiembre, una vez que entró en funciones la 66 Legislatura federal, pero los errores continuaron.

El propio coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció en conferencia las anomalías pese a que la reforma al Poder Judicial ya se había promulgado el pasado 15 de septiembre.

Aseguró entonces que actualmente un grupo de trabajo se encargaba de realizar las correcciones correspondientes y que posteriormente se enviará una iniciativa de reforma para ajustar estas incongruencias que surgieron con la aprobación de la reforma promovida por el exmandatario López Obrador.

LA ELECCIÓN

Por si fuera poco, diversos jueces de distrito avalaron amparos en contra de la reforma como del proceso electoral del Poder Judicial, pero pese a ello sigue en curso.

El 24 de noviembre pasado concluyó el registro de aspirantes con 11 mil 646 solicitudes, a través del sitio oficial del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal y 258 expedientes recibidos en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo. Además, recibió 15 mil 242 correos electrónicos.

En diciembre, dicho Comité presentó un listado preliminar de aspirantes para el proceso electoral extraordinario de 2025, pero se detectaron duplicados en las solicitudes, lo que consideró “errores técnicos”.

En la primera semana de enero, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) llamó a suspender la elección judicial ante los desafíos logísticos por el recorte de presupuesto en el INE (del 52 por ciento), la complejidad del modelo de votación y el riesgo que representa a la independencia judicial.

A la mitad del mes pasado, magistrados del colectivo Artículo 41 denunciaron un desaseo generalizado por parte del INE en la implementación de la elección judicial de este año, lo que anuncia, dijeron, un inevitable fracaso.

Lamentaron que, de acuerdo con declaraciones de la consejera presidenta del INE, las personas que acudan a las urnas tardarán en promedio 9 minutos y 15 segundos para decidir su voto, lo que implica que durante la jornada electoral sólo podrían votar alrededor de 70 personas en cada casilla.

“Quizá estén jugando a la idea de que será un fracaso la elección y que estará yendo a votar el 10 o 20% de personas de las que tienen derecho a votar”, señalaron.

A finales de febrero, bajo el argumento de “imposibilidad jurídica de continuar’’ con su trabajo, los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentaron su renuncia al cargo. Pero de inmediato el Senado se arrogó dicha función, sin tener atribuciones. 

Pero la cauda de irregularidades no ha minado la determinación del Legislativo y del Ejecutivo federal de llevar a cabo el proceso.

Serán 881 cargos de ministros, magistrados y jueces federales que se elegirán en las elecciones extraordinarias del próximo 1 de junio, pero todo apunta que terminará también con una baja afluencia de votantes, lo que permitirá al Estado imponer a sus propios jueces y magistrados… de Morena, por supuesto.

Colaborador, FDN Oaxaca
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Colaborador, FDN Oaxaca
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