Julio Eduardo Manzano Bizuet*

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Oaxaca, Oax.- Mañana, 19 de febrero, se conmemora otro aniversario de una de las épocas más lúgubres de la historia mexicana, la cual finalizó con el asesinato del entonces presidente, Francisco I. Madero y, de su vicepresidente, José María Pino Suárez.

La decena trágica comenzó el 9 de febrero de 1913, tiempo en el cual se suscitó un golpe de Estado fraguado y dirigido por “el chacal”, Victoriano Huerta; Félix Díaz, Bernardo Reyes, entre otros personajes.

No hay que olvidar que en el asesinato del presidente Madero, también estuvo inmiscuido el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en México, Henry Lane Wilson. La intromisión del Lane Wilson, según él, estuvo justificada porque Madero no garantizó las inversiones norteamericanas en suelo nacional, como sí había sucedido durante el Porfirismo.

Han pasado 112 años de aquel hecho histórico que comenzó a confabularse para detentar el poder político (la presidencia de la república). El asesinato del Presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente Pino Suárez, no se reduce al golpe de Estado, sino también representó un ataque a la democracia mexicana de aquellos años.

A pesar de la distancia de aquella época, hoy en día, la democracia mexicana sigue enfrentando los embates, no sólo de quienes gobiernan, sino también del exterior. Afortunadamente, en el México del siglo XXI, no se resuelven las disputas políticas con armas y cañonazos; tampoco con golpes de Estado o con otras acciones arteras que terminen en tragedia; pero sí, se realizan con los mismos mecanismos democráticos para acaparar el poder.

La decena trágica que se palpa en estos días, finaliza con la destrucción de instituciones, garantes de derechos humanos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), entre otros órganos.

La decena trágica que enfrenta, la joven democracia mexicana, es la ocurrencia de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), la cual posee más dudas que certezas. Cada día se conoce algún error, sea que los nombres de aspirantes no coinciden, sea que, de acuerdo al INE, no existen condiciones de calendario y presupuesto para realizar los comicios cuya finalidad es la elección de integrantes del PFJ, sin olvidar que este órgano constitucional autónomo se deslindó de los errores en las listas para la elección judicial.

El último contrapeso de poder que existía en México en contra del gobierno en turno y sus aliados, técnicamente, ha sido diezmado, por no decir sometido ante los designios del poder ejecutivo y del poder legislativo.

¿Cómo no desconfiar de esta cacaraqueada reforma judicial, anunciada con bombo y platillo, cuando en la lista que avaló el Senado con los nombres de las y los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación persisten los errores, pero sobre todo que, quienes aspiran a estos cargos, son afines al gobierno en turno? Si esto no significa controlar a un poder público, que alguien me explique cómo se llama esta acción.

Por otro lado, en pleno silgo XXI, la política imperialista y expansionista del vecino del norte, encabezada por Donald Trump, amagó al gobierno mexicano por el incremento de aranceles, según el mandatario estadounidense por que México no ha contenido el flujo migratorio, así como el tráfico de enervantes.

Al igual que hace más de un siglo, la política exterior estadounidense se destaca por sacar provecho de su superioridad económica, política e institucional en contra de su principal socio comercial.

Hoy por hoy, la democracia sigue enfrentando vicisitudes que la disminuyen, esperemos que la reforma judicial, así como la desaparición de los órganos constitucionales autónomos no signifiquen un retroceso de los procesos democráticos, pero por las evidencias, permítame dudarlo.

Al final, usted, tiene la mejor opinión…