Por Paola Flores
Oaxaca, Oax., 23 de mayo de 2025.- Cristina Hernández Enríquez murió el 23 de mayo de 2025 a las cinco de la mañana. Desterrada de su comunidad por intolerancia religiosa desde el 21 de agosto de 2024. Será velada en Santiago Jocotepec, en la zona del Papaloapan y sus restos no podrán regresar a su hogar.
En agosto de 2024, los habitantes de San Isidro Arenal, en San Juan Lalana, Oaxaca allanaron su casa en la ranchería Cerro Cajón, destruyeron su vivienda, la secuestraron a ella y a otras dos mujeres por ser cristianas evangélicas y horas después las abandonaron en una carretera.
Estos hechos fueron parte de una escalada de intolerancia que inició el 6 de agosto de 2024, cuando los habitantes de San Isidro Arenal incendiaron el templo evangélico de Cerro Cajón y despojaron a los creyentes de su bienes: predios y cabezas de ganado.
Cristina era de edad avanzada y parapléjica lo que agravó aún más los actos de tortura a los que fue sometida. Gerlado Hernández, representante legal de los cristianos evangélicos perseguidos detalló en ese momento la violencia que padecieron.
“Las trataron muy mal, las tuvieron todo el día afuera de su casa para que vieran cómo destruían todo. Luego las fueron a aventar cerca de Río Blanco. Las abandonaron en la carretera”: Gerlado Hernández, representante legal.
La Iglesia Cristiana Interdenominacional Asociación Religiosa (ICIAR) en la región chinanteca, a la que Cristina pertenecía, informó a través de redes sociales su deceso: «Les invitamos a que nos unamos en oración por la familia de la difunta hermana. El pueblo que abrió su corazón para recibir a los hermanos perseguidos es Luis Echeverría, en el municipio de Santiago Jocotepec, Oaxaca. Donde también será velado el cuerpo de la hermana.»
La Secretaría de Gobierno, encabezada por Jesús Romero López se comprometió a brindar apoyo a las familias desplazadas y de ser posible concertar que regresaran a su comunidad y les fueran devueltas sus posiciones.
Nueve meses después de que Cristina Hérnandez y demás creyentes fueran expulsados nada de eso se ha concretado.
El 13 de mayo pasado, la Fiscalía General del Estado hizo pública la detención de un hombre con iniciales: J.P.C., por los delitos de discriminación, abigeato y daños por incendio en agravio de una familia agrupada en la ICIAR de la región de la Cuenca, pero él no es el único responsable.
