San Raymundo Jalpan, Oax., 3 de septiembre de 2025.- Con 32 votos a favor, el Congreso de Oaxaca aprobó el tipificar como delito el desplazamiento forzado interno en el estado.
Para lo cual, expidió la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado.
Con lo anterior, Oaxaca se convierte en el quinto estado en contar con una ley en la materia, creada con el propósito de proteger a las personas del desplazamiento arbitrario; prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno, así como ayudar a visibilizar y entender la problemática.
Cuenta con 11 capítulos, 84 artículos y su aplicación corresponderá a las autoridades del estado y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias.
Con la nueva norma se crea el Registro de Personas en Desplazamiento Forzado Interno, como una herramienta fundamental que contribuirá a identificar a las personas que se encuentran en esta situación, conocer sus necesidades y facilitar las acciones de asistencia humanitaria, de atención y soluciones duraderas.
Asimismo, se constituye el Consejo para la Prevención, Protección, Asistencia, Reparación Integral y Soluciones Duraderas del Desplazamiento Forzado Interno, órgano público colegiado e interinstitucional que operará el programa en la materia, documento rector, que contendrá las acciones que las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipios en el corto, mediano y largo plazo realizarán en el ámbito.
También se tipifica como delito el desplazamiento arbitrario, aquel que se da como resultado de las prácticas nocivas definidas como “toda conducta, actitudes y prácticas que afectan negativamente los derechos fundamentales como a la vida, salud, dignidad, educación, integridad física y mental”.
La entidad ha sido un problema recurrente durante décadas, que afecta a distintos pueblos como consecuencia de conflictos sociales, políticos, electorales, agrarios y religiosos que aquejan, principalmente sus territorios.
Tan solo en 2019 la entidad ocupó el segundo lugar con el mayor número de personas en situación de desplazamiento forzado en el país, de acuerdo con el informe presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.
