Paola Flores
Oaxaca, Oax., 22 de enero de 2026. – Han pasado exactamente 206 días desde el 23 de junio de 2025, cuando Erick Jair Pérez Limón, un joven de 21 años, desapareció en San Agustín de las Juntas. Desde entonces, su familia no sólo lucha contra la ausencia, sino contra una estructura institucional que parece diseñada para la simulación y el encubrimiento.
A pesar de que el padre de Erick, Julián Pérez López entregó pruebas contundentes como números telefónicos y videos que muestran el trayecto de tres vehículos involucrados, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a cargo de Bernardo Rodríguez Alamilla, ha decidido ignorarlos.
«La información está en las carpetas, archivada», denuncia el señor Julián, señalando que el personal especializado no ha querido analizar a profundidad el caso.
La institución ha declarado “agotada” la primera línea de investigación en la región de los Mixes, donde hallaron el taxi que conducía el joven, pero de manera inverosímil, el Ministerio Público confesó no tener una segunda línea de investigación planeada.
Vínculos con el crimen organizado y CATEM
La familia de Erick ha identificado al menos tres líneas que la Fiscalía se resiste a indagar de manera seria:
Gaspar C. E.: Padre de la novia de Erick y principal sospechoso, vinculado con el tráfico de migrantes.
- Agresión previa: La participación de policías municipales que ya habían torturado a Erick en abril de 2025.
- Vínculo con CATEM: Se advierte la posible participación de integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), organización señalada por prácticas de crimen organizado en el estado.
Además un testimonio reciente sugiere que Erick pudo haber sido llevado a un domicilio para ser torturado e incinerado, pero a pesar de la gravedad de esta pista, la Fiscalía retrasó el cateo durante tres meses; cuando finalmente accedieron por presión de la Comisión Nacional de Búsqueda, el pasado 4 de diciembre, el dueño del inmueble ya había utilizado una retroexcavadora para remover la tierra y eliminar cualquier presunto rastro biológico.
Acoso sexual y omisión
Mientras tanto, la violencia institucional no cesa. En una conferencia de prensa, la familia y su abogado, Joaquín Galván, defensor de derechos humanos, denunciaron al agente de investigación Daniel de Jesús Francisco (placa 655), quien en lugar de buscar pistas, ha utilizado su cargo para acosar sexualmente a la hermana de Erick y a una testigo clave.
Por su parte, la vicefiscal, Ilse Rivera es señalada por ejercer una violenta intimidación contra la familia, obligándolos a callar y eliminar sus reclamos en redes sociales. La hermana de Erick, incluso, enfermó por la presión recibida.
El caso ha escalado al ámbito internacional
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acciones urgentes que el Estado Mexicano aceptó; no obstante, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública se deslindaron de su responsabilidad, dejando a la familia en una situación de vulnerabilidad extrema. El señor Julián, ha enfrentado al menos tres situaciones de alto riesgo en los últimos seis meses.
Ante este escenario de retrasos, ocultamiento indiferencia, el activista Joaquín Galván y la familia anunciaron que, para finales de este mes, presentarán una denuncia formal contra el Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
