La Fiscalía de Veracruz confirmó el hallazgo de su cuerpo
Por Paola Flores
Oaxaca, Oax., 5 de julio de 2026.- La infiltración del crimen en las instituciones de seguridad ha marcado el caso de la periodista, Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Las investigaciones han revelado que entre los ocho arrestados por su asesinato se encuentran cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.
Las indagatorias señalan que estos servidores públicos, presuntamente utilizaron recursos oficiales para brindar apoyo logístico, alimentos y protección a la banda criminal que atacó a la comunicadora.
Este señalamiento de corrupción policial se confirmó tras el hallazgo de los restos de Roxana, los cuales fueron identificados mediante pruebas científicas para dar certeza a sus allegados sobre su paradero final. Así, termina casi un mes de desesperada espera para su familia, luego de que sus restos fueran localizados en un predio entre los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán, en Veracruz.
Roxana, quien se desempeñaba como directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, desapareció la mañana del 2 de junio. Ese día ella captó en un video el momento exacto en que hombres con el rostro cubierto forzaron la entrada de su vivienda en Nanchital, hiriendo a su padre en el proceso, para llevársela por la fuerza. Durante semanas, la incertidumbre reinó mientras se realizaban operativos que inicialmente no arrojaban resultados positivos sobre su localización con vida.
Además de los agentes municipales, por estos hechos se encuentran detenidos tres hombres más, además de una mujer. Estos individuos son señalados como los responsables directos de haber privado de la libertad y posteriormente causado la muerte a la periodista.
En medio de la búsqueda y posterior hallazgo, la organización Artículo 19 denunció que la periodista estaba siendo víctima de una segunda agresión: la estigmatización mediática. El organismo observó con preocupación que diversos sectores comenzaron a difundir rumores que intentaban vincular a Roxana o a su entorno con actividades ilícitas.
Artículo 19 fue enfático al señalar que no se debe responsabilizar a la víctima por lo ocurrido, rechazando tajantemente las narrativas que sugerían que su secuestro era una consecuencia de sus decisiones laborales o de su línea editorial. Para la organización, este tipo de discursos solo sirven para revictimizar a la comunicadora y desviar la atención de la obligación del Estado de garantizar justicia y seguridad para la prensa.
Con la identificación de sus restos, la comunidad periodística de Veracruz suma una nueva víctima en un estado que se mantiene como uno de los más peligrosos para ejercer la comunicación en México, acumulando ya 34 periodistas asesinados desde el año 2000.
