Por Paola Flores
Lo que inició como el reporte de un vehículo robado ha destapado una presunta red de crimen organizado en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Investigaciones ciudadanas, documentadas con GPS y videos expusieron a servidores públicos que, aseguran, están robando, repintando y poniendo en circulación vehículos que deberían estar bajo resguardo legal.
El modus operandi: Del corralón a la calle con documentos oficiales
De acuerdo con las denuncias ciudadanas, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y policías estatales interceptan a particulares para asegurar sus vehículos bajo el argumento de que cuentan con reporte de robo. Sin embargo, en lugar de seguir el proceso legal en depósitos oficiales, las unidades son enviadas a domicilios particulares o corralones clandestinos en zonas como Candiani y Santa Lucía.
La investigación ciudadana reveló que, tras un periodo de resguardo, los vehículos son llevados a talleres de pintura —como uno identificado en Xoxocotlán— donde se les cambia el color y se eliminan rótulos, como en el caso de un taxi blanco que fue transformado a un tono guinda para ocultar su identidad.
Lo más grave de la denuncia señala la complicidad de los Ministerios Públicos, quienes presuntamente emiten documentos de “depositaría” de la propia Fiscalía para que el vehículo y su nuevo dueño, circulen libremente.
En el caso, visibilizado en redes sociales, la víctima logró rastrear su unidad mediante GPS y confrontó al conductor, al llegar, los agentes de la AEI se negaron a realizar una detención, alegando que el vehículo posee un documento oficial que permite su uso.
La respuesta de la Fiscalía
Ante la difusión de estas irregularidades en redes sociales, la FGEO emitió un boletín, informando el inicio de una “investigación interna”. La institución declaró que la Contraloría Interna y la Visitaduría General abrieron los expedientes 83/A.I./C.I./2026 y 466/vis.gral./2026, respectivamente, para revisar los procedimientos en la depositaría de vehículos.
No obstante, la postura oficial ha sido recibida con escepticismo. Las víctimas señalan que los agentes involucrados, plenamente identificados en videos, actúan con total cinismo e impunidad, llegando incluso a burlarse de los denunciantes mientras dejan escapar a los sospechosos en flagrancia.
“Es un robo descarado donde participan servidores públicos de diferentes áreas”, sentenció uno de los ciudadanos que ha documentado el caso de las unidades robadas, conocido en redes sociales como Sr. Blue.
En última instancia y debido a la desconfianza en las instituciones locales, los afectados han anunciado que llevarán el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR).
