Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca, Oax., 27 de julio de 2026.- Al periodismo y a los periodistas no los han estado matando los últimos años. Tampoco las autoridades son las únicas responsables: también lo son la mayoría de editores y dueños de medios informativos.
Sí, es cierto, la violencia criminal en contra de quienes ejercen ese oficio o profesión va al alza y Oaxaca no es la única entidad en que se registran asesinatos o agresiones.
Pero también es innegable que el Estado ha sido incapaz de garantizar que la labor informativa se realice en un ambiente de seguridad.
El reciente asesinato del columnista Alejandro Leyva Aguilar revela la indefensión y la fragilidad del entorno en que se desenvuelven quienes desempeñan esta labor.
El lamentable crimen y muy condenable hecho ha cimbrado de manera intensa las estructuras del poder en Oaxaca, y la sospecha del uso de sicarios, posiblemente de grupos de transportistas, se revela paulatinamente.
CRIMEN ATROZ
El pasado miércoles 22 de julio cerca de las once de la mañana, dos individuos armados llegaron al sitio donde Alejandro Leyva desayunaba, en el fraccionamiento Esmeralda del municipio de San Pablo, Etla.
De manera directa, a quemarropa, le dispararon y le quitaron la vida al instante, tras lo cual huyeron a bordo de una motocicleta.
Es sumamente lamentable el crimen de Leyva Aguilar, perpetrado por probables sicarios al servicio de algún grupo de la mafia o de algún poder institucional.
Por supuesto que su condición de integrante del equipo de prensa del PRI o parte de ese partido no mengua la gravedad del caso; tampoco el cargo institucional que desempeñó en el sexenio del entonces priista Alejandro Murat Hinojosa.
Por cierto, el Partido Revolucionario Institucional no se ha pronunciado hasta el momento de manera enfática; ni su dirigencia ni su militancia como tal ha tomado como suya esta causa y mucho menos he emitido pronunciamientos públicos para exigir justicia.
Es decir, han dejado prácticamente sola a la familia de Leyva Aguilar, a pesar de los servicios que prestó a esa institución política.
Sea quien haya sido el o los autores intelectuales y materiales, la Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado de Oaxaca tienen la obligación de esclarecer cuanto antes este deseable crimen. Salomón Jara Cruz tiene la última palabra de cómo quiere pasar a la historia como gobernante, el primero de izquierda en la entidad.
Porque ya no se trata de un caso local o estatal, pues el asesinato tiene ya repercusión nacional e internacional. O se aclara, o se aclara y se lleva ante la justicia a los responsables.
PRECARIEDAD LABORAL
Pero también la violencia ha provenido desde la parte patronal, y no se está tratando de justificar a nadie ni las agresiones; la violencia laboral mina, indudablemente el quehacer periodístico y repercute en la sociedad.
No solamente se trata de agredir y matar a periodistas, sino también de causarles una muerte lenta.
Es sabido que las nuevas tecnologías, principalmente las digitales, han revolucionado la vida cotidiana, incluyendo el periodismo.
Con ello, tanto a nivel estatal como nacional e internacional, se ha disminuido de manera sensible la publicación de medios impresos y en consecuencia la cancelación de fuentes de trabajo.
En el caso de Oaxaca, por ejemplo, en una década ha desaparecido la mayoría de medios impresos. Lo increíble, el caso de “Noticias, voz e Imagen de Oaxaca”, que tiene más de un año que dejó de publicarse como impreso.
Y no sólo ha dejado en la indefensión a al menos una treintena de trabajadores, sino que además adeuda muchos meses de suelo y la liquidación correspondiente.
Sólo quedan “El Imparcial” y “Marca”, periódicos que sobreviven y tratan de hacer su mejor esfuerzo para informar de manera seria a la sociedad; en el caso del primero, ha prescindido también de la mayoría de trabajadores formales y paga notas informativas según se publiquen.
En consecuencia, la gran mayoría de los informadores se quedaron sin prestaciones sociales, como el Infonavit y el IMSS.
Sobreviven, eso sí, muchos espacios radiofónicos, que han tenido que migrar y/o combinar con medios digitales. Los programas noticiosos televisivos también han disminuido.
La actual administración estatal ha impulsado un programa único en el país, en que se tramita, y paga, su afiliación a ambas instituciones, con la finalidad de tener, cuando menos, la atención médica.
El resto de las y los comunicadores optó por crear su propio medio informativo digital y trabajar por su cuenta, desde cubrir la información, procesarla hasta compartirla en sus redes sociales, por supuesto sin los mínimos derechos laborales.
Pero también ha derivado en que muchas personas asumen el rol de periodista sin tener la mínima preparación académica o los conocimientos prácticas, quienes consideran que los “likes” y las vistas son más importantes que la propia información.
Ha devenido, por desfortuna, en publicación de notas sensacionalistas sin sustento, en insultos, en acusaciones sin el rigor periodístico de una información o de un hecho preciso.
VIOLENCIA CRECIENTE
El peligro y la violencia contra las y los periodistas no es de ahora; no es exclusivo de Oaxaca y tampoco proviene exclusivamente de las autoridades, del nivel que fuere.
Ahora, lamentablemente, están inmiscuidos grupos de choque o armados e incluso del crimen organizado -como sucedió recientemente con Roxana en Veracruz- y contra ese tipo de enemigos, simplemente no se puede.
La organización internacional Artículo 19 ha llevado un puntual caso de la violencia y crímenes en contra de los periodistas, al igual que otras organizaciones internacionales y, de acuerdo con sus datos, tan sólo este año han sido ultimados siete comunicadores en el país.
Apenas este fin de semana, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) confirmó un incremento “alarmante” en los homicidios contra comunicadores en el país “más letal” para la prensa en América, con un nivel de crecimiento de víctimas mortales que, según la organización, no se ha visto desde hace 15 años.
“Contar siete asesinatos en siete meses es muy difícil de asimilar. Tantos asesinatos tan seguidos te dejan un poco pasmado. Reporteros Sin Fronteras no había registrado este incremento alarmante de asesinatos de periodistas en México desde 2011 o 2012″, aseguró Balbina Flores, representante de RSF.
En notas informativas de la agencia EFE, la organización refiere que en el actual sexenio de Claudia Sheinbaum, quien llegó en octubre de 2024 al poder, han sido asesinados 14 comunicadores, según un recuento de la ONG, Artículo 19.
En Oaxaca, de acuerdo con datos hemerográficos, desde el año 2016 se contabilizan al menos una decena de comunicadores asesinados, incluyendo el de Alejandro Leyva.
¿QUÉ HARÁN?
Por supuesto que no hay policía que alcance para proteger a cada uno de los periodistas cuando realizan su labor; por supuesto que otorgar medidas cautelares de seguridad, de manera temporal, tampoco resuelve la situación.
(Véase el ejemplo del colega Pedro Matías Arrazola, de “Proceso”, que ha tenido que salir exiliado en al menos dos ocasiones tras agresiones y amenazas de muerte; pero apenas regresó y ya recibió nuevas amenazas, justo tras el crimen de Alejandro Leyva).
Por supuesto que las y los periodistas no exigimos un estado de excepción o un trato privilegiado; jamás hemos exigido estar rodeados de policías para efectuar nuestras actividades, o para vigilar domicilios.
Simplemente con que la autoridad, de cualquier nivel, haga su trabajo, es suficiente.
Primero, garantizando de manera libre el ejercicio de la labor periodística, así sea que quienes la violenten sean grupos fácticos. Segundo, que haya mayor celeridad y efectividad en la procuración y administración de justicia,
Tercero, que ni el caso de Alejandro Leyva Aguilar ni ningún otro se convierta en botín político-electoral, a propósito del marco político que vive el estado.
“El mejor homenaje es el periodismo crítico. Y la peor afrenta, que su muerte sea botín político-electoral de buitres”, escribió este fin de semana el experimentado periodista Juan Pérez Audelo. Que así sea.
