Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 17 de agosto de 2026.- En una semana, siete personas asesinadas, una de ellas calcinada en su mototaxi y una familiar del presidente municipal; prácticamente uno cada día. Tan sólo ayer domingo fueron tres ataques armados, con saldo de dos muertos y dos heridos.
¿Qué está pasando en Juchitán de Zaragoza? La autoridad estatal dice que hay intervención del Estado, que se está abatiendo la criminalidad y que la detención de líderes de la delincuencia organizada está originando esta enésima ola de violencia.
Pero eso no dice ni cree ni piensa la población juchiteca que, enardecida por la ineficacia y brutalidad policiaca, la semana pasada bloqueó al menos cuatro puntos de vialidad, por unas detenciones arbitrarias por parte de la Policía Estatal.
Y la autoridad estatal tuvo que recular y liberó a los señalados “por faltas administrativas”, aunque inicialmente había dicho que fueron aprehendidos por llevar drogas.
¿Qué está pasando en Juchitán? Porque la gente lleva años señalando, denunciando y viviendo la ola criminal. El gobierno dice que implementa un “plan de paz” cuyos resultados no se ven a corto plazo. Sólo crímenes y crímenes.
¿En dónde está la autoridad local? Porque el presidente municipal morenista prefiere esconderse y no dar la cara para proteger a la población. Y en el colmo, al edil Miguel Sánchez Altamirano le mataron a un familiar.
LA REALIDAD OFICIAL
El pasado jueves, el secretario de Gobierno, en funciones de titular de seguridad, Jesús Romero López, dio una explicación, poco creíble, de la grave violencia que azota Juchitán.
Los recientes casos en ese municipio ocuparon 22 minutos de la hora de conferencia de prensa, para dejar en las mismas la situación, pues los días siguientes arreciaron los asesinatos.
“Como todo, tiene sus momentos álgidos; también tiene implicaciones en materia de seguridad, pero hemos estado trazando un buen camino. Hoy todavía existen resistencias naturales de la delincuencia, porque estructuralmente han intervenido en distintos ámbitos”.
Eso dijo Romero López al iniciar su participación, al reconocer que en seis meses, suman 40 crímenes, 12 de ellos durante la aplicación del “plan de paz”.
“Alteraron algunas cifras… tenemos una reducción del 57 por ciento en un solo delito, que es homicidio doloso y nosotros no ocultamos cifras, porque son vidas”, remarcó.
Según los datos que dio a conocer, “todos los días los cuerpos de seguridad ejecutan órdenes de aprehensión, de alto impacto, que rebasan 167 detenciones del fuero común y fuero federal; más de cuatro mil, cinco mil, dosis de droga”, además de 93 vehículos y 36 armas aseguradas.
“Va a llevar tiempo, pero es un hecho que están dando resultado (el plan) y se va a lograr la paz”, expuso, al defender el plan implementado hace tres meses, justamente después de que le mataron a un sobrino, hijo de su subsecretario de Gobierno.
LA REALIDAD POPULAR
A finales del año pasado la Fiscalía General de Oaxaca informó que de enero a diciembre de 2024 se registraron 898 homicidios dolosos en el estado.
Tan sólo en Juchitán se cometieron 98 homicidios de hombres y cinco de mujeres.
Este año, la institución, que reporta el número de delitos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconoció que ese municipio ocupaba el primer lugar en la entidad por número de crímenes y el quinto a nivel nacional.
Este 2026, en medio año suman 40 crímenes, pese al plan de pacificación; pero a eso agréguele las extorsiones, los asaltos, los tiroteos a domicilios y negocios, el “cobro de piso” a comercios y una larga lista de delitos cotidianos.
La realidad ha superado por mucho a la versión oficial.
El 23 de marzo escribimos en este mismo espacio: “Efectivamente, Juchitán de Zaragoza tiene casi una década de podrido. Pero nadie hace algo para sanarla. Gobiernos priistas, perredistas y morenistas van y vienen y la violencia escala de manera increíble”.
Y recordamos el episodio Murat-Emilio Montero:
“Basta observar como municipios como Juchitán, en su Cabido, tienen nombres de capos de la mafia”, dijo Alejandro Murat al micrófono en un evento púbico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 10 de febrero de 2022. Pero nada cambia.
De lo más reciente: el viernes 7 de agosto, dos personas ejecutadas y dos presuntamente asesinadas, quienes serían los autores del doble homicidio. Al día siguiente, un mototaxista calcinado en el interior de su unidad de motor.
El martes 11, una detención de presunto narcomenudista, por parte de la Policía Estatal, que originó protestas de habitantes de la Séptima Sección; la policía respondió con más detenciones hasta llegar a una decena.
La población reviró con múltiples bloqueos, quema de llantas y “toma” de vehículos; el gobierno tuvo que recular y liberar a los detenidos. Los bloqueos continuaron al siguiente día.
El sábado 15 de agosto, un adulto mayor que viajaba en motoneta fue ultimado a balazos; al día siguiente, tres ataques armados en distintos lugares, con saldo de dos personas fallecidas y dos lesionadas.
¿Entonces? ¿La gente inventa? ¿Vive en el terror porque quiere? ¿En dónde están los mil policías que supuestamente vigilan la zona? ¿Los medios de comunicación inventan y magnifican? ¿Por qué el presidente municipal morenista nunca se responsabiliza de la seguridad de sus ciudadanos?
MEDIDAS EXTREMAS
La violencia no es de este año, pero el Gabinete de Seguridad decidió iniciar un plan de paz sólo hasta que mataron a un joven familiar del funcionario de más alto rango el el gobierno que preside Salomón Jara Cruz, este año.
De este sexenio ya transcurren tres años y medio y Juchitán sigue sufriendo. ¿Quién falla?
Porque no se requieren “mejoralitos” ante la grave ola de violencia en ese municipio, sino acciones drásticas, contundentes.
Primero la separación del cargo del edil Miguel Sánchez Altamirano porque, al igual que su antecesor Emilio Montero Pérez, han sido cuando menos omisos, totalmente. También, una nueva revisión de la corporación municipal.
Segundo, el relevo urgente de mandos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la región del Istmo; la renovación de la plantilla policiaca.
Tercero, el reordenamiento de los operativos de vigilancia, porque está claro que a la fecha, simplemente no han funcionado.
Por cierto, ¿en dónde están la Guardia Nacional, la Marina —que dice tener a cargo la seguridad en el Istmo? ¿Cuál eficacia si únicamente llegan tarde a la escena de un delito de alto impacto a tomar nota?
Esta mañana de lunes, Romero López abordó de nuevo el tema, a pregunta expresa en la conferencia y dijo que “son preocupantes” los crímenes, pero justificó que derivan de reacciones del crimen organizado. ¿Eso mismo pensarán las y los juchitecos?
