Ciudad de M\u00e9xico, Mx. 6 de agosto de 2024.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (La Corte) invalid\u00f3 diversas disposiciones de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Ind\u00edgenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca, aprobada por la entonces LXIV Legislatura local el 22 de enero de 2020.<\/p>\n\n\n\n
Esta decisi\u00f3n se da luego del an\u00e1lisis de las impugnaciones formuladas en contra de diversas disposiciones de dicha ley.<\/p>\n\n\n\n
Por lo cual fueron invalidados los siguientes art\u00edculos:<\/p>\n\n\n\n
Art\u00edculo 4, fracci\u00f3n XIV, en la porci\u00f3n: \u201cnegativas\u201d, que defin\u00eda la \u201csusceptibilidad de afectaci\u00f3n\u201d como la posibilidad y la probabilidad de que las comunidades ind\u00edgenas y afromexicanas sufrieran alteraciones negativas con motivo de una medida legislativa o administrativa. Lo anterior, al considerar que esa afectaci\u00f3n puede no ser solo negativa, sino que las consultas deben abarcar cualquier tipo de efecto en su situaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Art\u00edculo 8, el cual preve\u00eda que cuando una medida estatal implicara acciones emergentes de combate a epidemias o por desastres naturales, as\u00ed como cuando se tratara de leyes fiscales, no proceder\u00eda la consulta. Ello, al determinar que el derecho de consulta no puede limitarse de manera previa, de acuerdo con la materia sobre la cual verse la medida estatal.<\/p>\n\n\n\n
Art\u00edculo 35, p\u00e1rrafo segundo, fracciones I, II, y III, en las cuales se establec\u00edan los tipos de consulta que se pod\u00edan desarrollar: a) para lograr un acuerdo; b) para obtener el consentimiento libre, previo e informado; y c) de opini\u00f3n y construcci\u00f3n de propuestas. Ello, en virtud de que no resulta v\u00e1lido que el legislador defina de manera previa los tipos de consulta y menos de acuerdo con su finalidad, pues ello dejar\u00eda sin efecto el car\u00e1cter flexible de la consulta.<\/p>\n\n\n\n
Art\u00edculo 61, \u00faltimo p\u00e1rrafo, en el que se preve\u00eda que el objetivo del proceso de consulta ser\u00eda obtener las opiniones y propuestas sobre la medida legislativa consultada. Lo anterior, al considerar que imped\u00eda que la consulta se desarrollara como un proceso flexible en el que, seg\u00fan la medida a consultar y su grado de impacto, pudieran las autoridades y grupos consultados determinar cu\u00e1l ser\u00eda su finalidad.<\/p>\n\n\n\n
Art\u00edculos 50 y 68, en la porci\u00f3n: \u201cLa decisi\u00f3n de las comunidades de no otorgar su consentimiento, ser\u00e1 vinculante para la Autoridad Responsable\u201d, los cuales daban car\u00e1cter obligatorio a las posturas de los pueblos y comunidades ind\u00edgenas y afromexicanas respecto de las medidas estatales, situaci\u00f3n que implicaba otorgarles un poder de veto que no resultaba acorde con el objetivo de las consultas, que es establecer un di\u00e1logo de buena fe entre las partes para alcanzar un consenso.<\/p>\n\n\n\n
El T\u00edtulo Sexto, denominado \u201cMedidas cautelares y medios de impugnaci\u00f3n\u201d, cap\u00edtulos I y II, que comprende los art\u00edculos del 69 al 77, debido a que el \u201cCongreso local incurri\u00f3 en una deficiente regulaci\u00f3n al establecer dichas medidas cautelares y medios de impugnaci\u00f3n, ya que no defini\u00f3 los plazos, forma y t\u00e9rminos en que los pueblos y las comunidades podr\u00edan iniciar los procedimientos ah\u00ed contemplados\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Art\u00edculo 79, en el cual se consideraba como falta grave el incumplimiento o la violaci\u00f3n a la suspensi\u00f3n decretada, cometida por servidores p\u00fablicos y particulares, la cual no est\u00e1 prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por ello, el legislador local hab\u00eda ampliado indebidamente los supuestos de infracciones en la materia y hab\u00eda incorporado, adem\u00e1s, la posibilidad de sancionar a los particulares, todo lo cual resultaba violatorio del art\u00edculo 73, fracci\u00f3n XXIX-V, de la Constituci\u00f3n federal.<\/p>\n\n\n\n
Es importante se\u00f1alar que esta decisi\u00f3n de La Corte se da ante la acci\u00f3n de inconstitucionalidad 200\/2020, promovida por la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Ind\u00edgenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca, publicada en el Peri\u00f3dico Oficial del estado oaxaque\u00f1o el 22 de febrero de 2020, mediante Decreto 1291.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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