Paola Flores
El gobernador, Salomón Jara Cruz admitió haber solicitado la entrega de unidades bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para que sean utilizadas por autoridades municipales.
Luego de que el influencer conocido como Mister Blue documentó un caso en flagrancia, la polémica sólo creció en redes sociales. El dueño de un taxi foráneo, que había sido asegurado previamente por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), bajo el argumento de una investigación por robo, lo encontró repintado y circulando gracias al rastreo por GPS.
El vehículo era conducido por Heriberto Porras Vásquez, comisionado de Mazatlán Villa de Flores, quien justificó su uso presentando un documento oficial de depositaría, emitido por la propia Fiscalía.
Según las denuncias, el modus operandi consiste en interceptar vehículos, enviarlos a talleres clandestinos en zonas como Xoxocotlán y Candiani para repintarlos. El gobernador explicó que son entregados a funcionarios con permisos oficiales para circular libremente.
El mandatario admitió que él mismo interviene ante el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, para facilitar estos vehículos a los ayuntamientos que carecen de recursos.
“Muchos presidentes municipales nos piden vehículos. Entonces, yo le pido al fiscal que nos apoye con los vehículos que están en depositaría o decomisados”, afirmó Jara. En su conferencia semanal justificó esta práctica al señalar que los municipios reparan las unidades que llevan años abandonadas.
¿Por qué es una irregularidad?
Aunque el gobierno minimizó estas acciones y las presentó como un apoyo a los municipios, el marco legal vigente sugiere diversas violaciones:
El Código Nacional de Procedimientos Penales regula estrictamente el aseguramiento y la depositaría. Los bienes relacionados con una investigación deben ser resguardados o devueltos a sus dueños, no pueden ser prestados discrecionalmente a funcionarios para uso personal o administrativo mientras el caso sigue abierto.
Además, al utilizar para fines ajenos a la ley un bien que está bajo custodia del Estado (aunque sea temporal), los servidores públicos podrían incurrir en el delito de peculado, tipificado en el Código Penal de Oaxaca y castigado con hasta 50 mil pesos y la destitución e inhabilitación del funcionario.
Si existe alteración de la identidad del vehículo (como el cambio de pintura denunciado), se configuran delitos de encubrimiento y posible asociación delictuosa. La ley sanciona el uso de recursos o bienes bajo resguardo estatal para fines distintos a los autorizados.
Investigaciones en curso
Ante la presión mediática, la FGEO informó el inicio de una investigación interna a través de los expedientes 83/A.I./C.I./2026 y 466/vis.gral./2026. Sin embargo, ante la desconfianza en las instituciones locales, los afectados han anunciado que llevarán el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar lo que consideran una “mafia” institucionalizada.
