Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 28 de septiembre de 2026.- Tuvieron que intervenir funcionarios federales del más alto nivel, como la Presidenta Claudia Sheinbaum, para destapar la cloaca en Juchitán de Zaragoza.
Y se descubrió (de nueva cuenta) que el presidente municipal, Miguel S. A., encubría y muy probablemente participaba en delitos de alto impacto en esa ciudad istmeña, al igual que el jefe policiaco de dos trienios, Jhon Keny M.
Se destapó asimismo la pudrición que hay en el Instituto Estatal de Educación Pública con Emilio Montero, ex edil juchiteco que llenó de “aviadores” el IEEPO y quien tras las aprehensiones del miércoles y jueves, huyó, abandonó el cargo sin dar mayores explicaciones.
Pero Juchitán no es el único caso en que el crimen organizado se ha enraizado e incluso participa activamente en el gobierno municipal.
Día con día los medios informativos damos cuenta de los crímenes, del trasiego de drogas, de cientos de tiendas de “narcomenudeo”, de la imposición de autoridades por parte de grupos delictivos, del control paulatino de municipios, del acelerado envenenamiento de la juventud oaxaqueña con las drogas.
Y no hay autoridad, ni federal ni estatal mucho menos municipal, que logre frenar este flagelo.
Para no ir más lejos, ahí está el caso de Santo Domingo Tehuantepec, que lleva casi un decenio de gobiernos emanados del Partido Morena pero que no han hecho absolutamente nada por frenar la violencia.
ISTMO INFESTADO
La actual presidenta municipal Cecilia Pérez Velásquez y su antecesora, Vilma Martínez, optaron por trabajar para incrementar la base electoral, en lugar de atender la grave ola de violencia.
De los casos más recientes, ahí está el crimen de la hija de “Tacho Canasta”, a quien asesinaron también el año pasado; sólo en el barrio de Santa Cruz Tagolaba se han escenificado diversos homicidios.
Varias sucursales bancarias han sido asaltadas incluso en pleno centro de esa ciudad istmeña. Pero no hay ni señalamientos ni investigación en contra de la corporación policiaca mucho menos contra la autoridad municipal.
Largo sería hacer el recuento de municipios del Istmo, como Salina Cruz, donde este domingo asaltaron una tienda Oxxo; San Blas Atempa, Santa María y Santo Domingo Petapa, Matías Romero, San Pedro Tapanatepec…
O qué decir de la Costa, como Santiago Pinotepa Nacional, donde no hay día también en que no ocurra un delito de alto impacto; apenas el pasado miércoles ultimaron a balazos a dos jóvenes. “La otra Juchitán”, hemos llamado incluso a Pinotepa, por el alto grado de violencia y homicidios.
¿Y qué hace el gobierno municipal? El actual edil Héctor Baños Toscano, al igual que su antecesor que estuvo dos trienios, tampoco ha movido un dedo.
El propio fiscal General de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, ha reconocido la alta incidencia delictiva en la Costa chica, por la disputa de dos grupos del crimen organizado, el que comanda “El Bogar”, y el de “Los Rusos”, instalados ya y operando desde San Juan Cacahuatepec.
Sólo una vez este año se implementó un megaoperativo en Pinotepa y después esporádicos filtros de seguridad con la Policía Estatal, insuficientes y sin resultados. ¿Y qué pasó con Jamiltepec?
En las cercanías está también Putla Villa de Guerrero, donde también en la última semana mataron a dos personas, una de ellas un joven de 21 años de edad; en ese municipio, ya de la región Sierra Sur, son frecuentes también los asesinatos. Pero no pasa nada.
Si nos vamos a la Mixteca, ahí está el caso emblemático de Huajuapan de León, con la misma dinámica criminal, como ocurrió este domingo en la localidad de La Junta. Claro que ese municipio no es el único de la región, pero es el de mayor número de homicidios… y el edil panista Luis de León Martínez simplemente los ignora.
¿Sierra de Flores Magón? En crimen organizado se ha enraizado también en la zona y un ejemplo es Santa María Chilchotla, donde en mayo pasado fue detenido el edil Regino G. G., acusado de extorsión agravada y tentativa de homicidio.
Igual está Huautla de Jiménez e incluso su presidente municipal, el perredista David García Martínez, fue detenido y encarcelado este año, acusado de intento de homicidio; arreglos políticos le permitieron regresar a su cargo y hasta trabajar a favor de Morena.
En la Cuenca ni se diga y los “focos rojos” han estado en San Miguel Soyaltepec, Cosolapa (donde estuvo detenido en un penal federal el exdiputado Gustavo Díaz Sánchez, acusado de delitos de alto impacto, pero igual hubo pacto político y ahora el expriista, ya libre, retomó su labor a favor de los morenistas, junto con su esposa).
O San Juan Bautista Tuxtepec, o Loma Bonita (un hijo de alcalde está detenido por este tipo de delitos), donde apenas hace unos años reinaba el crimen organizado, que iba y venía de Veracruz, pero, de manera mágica, cesaron los crímenes cotidianos. ¿Arreglos con los grupos delictivos para preservar la plaza?
¿QUÉ HARÁN?
Hay muchos casos más en todo el estado; quizá la excepción sea la Sierra de Juárez, por prácticamente nulos homicidios, pero en sus municipios paulatinamente crece de manera alarmante el consumo y distribución de estupefacientes.
Insistimos, el crimen organizado no llega ni se asienta solo; necesaria y/o forzosamente, tiene el respaldo de autoridades de los tres niveles de gobierno y de cuerpos policiacos.
¿Qué hará el Gobierno del Estado? ¿Ir a cada uno de los municipios y atender casos particulares como sucedió en Juchitán? O de una vez por todas exigir a las autoridades municipales que actúen ya, que se sacudan los vínculos y que privilegien la paz de sus gobernados por encima de las ganancias millonarias ilegales.
¿O acaso incrementarán la presencia de la Policía Estatal en municipios prioritarios? No hay tantos y a los pocos que envían, tienen serios problemas para cobrar sus viáticos, que les regatean y hasta les disminuyen. Viven realmente en condiciones precarias en los lugares donde los mandan.
Esta mañana de lunes, el fiscal Bernardo Rodríguez informó que hay al menos otros seis ediles que están siendo investigados por probables lazos criminales. ¿Habrá resultados pronto? O hay protección política, como lo deslizó hoy el propio titular de la Fiscalía.
¿Y por último, ahora sí permitirá la Secretaría de Gobierno que el mando real de la seguridad esté en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca? O todo seguirá igual. O peor.
