San Raymundo Jalpan, Oax. 5 de julio de 2022.- El Congreso local analiza modificaciones al Código Penal del Estado de Oaxaca para establecer como delito los procedimientos médicos que dejan estéril a la mujer sin su autorización, así como los de procreación asistida e inseminación artificial realizados sin el permiso de ella y del donante.
Al tratarse de una violación a los derechos reproductivos de las mujeres y los hombres cuando se practica la aplicación forzada de métodos anticonceptivos permanentes, sin su permiso, o al desconocer sobre el procedimiento y sus consecuencias, la legisladora del partido de Morena, Haydeé Reyes Soto, promovió una reforma a la ley para castigar estos hechos ilícitos.
La iniciativa consiste en agregar artículos al Código Penal de Oaxaca para así considerar como delitos contra los derechos reproductivos: la esterilización forzada, la procreación asistida y la inseminación artificial sin consentimiento, y con ello, sancionar con prisión a los responsables por aprovecharse de su profesión o cargo que desempeñan.
Por ejemplo, de aprobarse la modificación, a quien sin la aprobación de la persona mayor a 18 años se le deje estéril, se le castigará con hasta siete años de cárcel; a quien disponga de óvulos o espermas para fines distintos a los autorizados por los donantes, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de 50 a 500 días de multa.
También se castigaría la inseminación artificial practicada sin autorización y en el caso de producirse un embarazo, la sanción será de cinco a 14 años de prisión; y si nacen las hijas o los hijos, el responsable pagará también la reparación del daño y los alimentos de éstos y de la madre.
El castigo aumentará hasta en dos terceras partes cuando estos procedimientos se realicen en menores de edad, en personas con alguna discapacidad, o en quienes no comprendan el significado del hecho.
De esta manera, se pretende garantizar el derecho humano de las personas de decidir libremente y sin ningún tipo de violencia, sobre sus derechos reproductivos.
La iniciativa presentada ante la Diputación Permanente fue turnada para su análisis a las Comisiones Permanentes de Salud, y de Administración y Procuración de Justicia.
