San Raymundo Jalpan, Oax. 31 de agosto de 2022.- El titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Arturo Peimbert, reconoció la existencia de corrupción al interior de la instancia a su cargo.
Durante su comparecencia en el Congreso de Oaxaca, el Fiscal señaló que la mayor incidencia de corrupción entre el personal se da en la Cuenca del Papaloapan y Costa, donde elementos del Ministerio Público, jueces y defensores están coaligados.
Detalló que en varios casos de investigación, los testigos no se presentan porque son amenazados o asesinados.
Asimismo, durante su intervención confirmó la participación de notarios públicos, abogados, corredores públicos, autoridades ejidales, municipales y el crimen organizado en la red de robo de identidad y despojo de inmuebles en el estado.
Aunque evadió detallar sobre el avance de la indagatoria del caso de la familia Conzatti, afectada por este delito, el Fiscal informó que existen mil 467 carpetas de investigación sobre despojo de inmuebles en Oaxaca.
“Esto ha aumentado claramente en la región del Istmo de Tehuantepec, presumimos que por el crecimiento de la plusvalía derivado del proyecto de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los beneficios económicos que puede representar la tenencia de la tierra, y en la región de la Costa, por la posibilidad de explotar los terrenos en desarrollos turísticos”, declaró.
Respecto del delito de feminicidios, informó, entre los involucrados también está el crimen organizado.
Juchitán, Putla, Ejutla, Oaxaca de Juárez y San Pedro Mixtepec, son los municipios con mayor número de casos de mujeres asesinadas, señaló.
El martes, el Fiscal de Oaxaca se presentó ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, de la 65 Legislatura, luego de ser citado por el Congreso local para informar sobre el avance en las investigaciones por los delitos de feminicidios, despojo de inmuebles, contra el patrimonio, suplantación de identidad, desplazamiento forzado y desaparición de personas.
Sin embargo, el servidor público evadió informar lo solicitado al argumentar que está impedido en dar a conocer datos sobre el desarrollo de las indagatorias, por el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
